Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, será procesado por otros dos delitos en el caso Odebrecht

El exfuncionario habría incurrido en irregularidades para suscribir dos otrosí que permitieron a Yuma Concesionaria S.A. subcontratar con Consultores Unidos.

El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, habla de su situación jurídica que lo tiene con medida de aseguramiento domiciliaria. (Colprensa – Diego Pineda).
El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, habla de su situación jurídica que lo tiene con medida de aseguramiento domiciliaria. (Colprensa – Diego Pineda).

Este lunes 1 de marzo, la Fiscalía General de la Nación judicializará al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade por dos nuevos cargos: delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. La audiencia de imputación se realizó de forma virtual y hace parte de la nueva fase de la investigación por el caso Odebrecht.

“Los procedimientos que debía adelantar debido a su cargo no fueron encaminados a satisfacer el interés general, por el contrario privilegió los intereses individuales logrando que una empresa subcontratista que no contaba con los requisitos de idoneidad, ejecutara el contrato para los estudios y diseños del puente vehicular entre Plato y Zambrano”, explicó el Juzgado 21 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que lleva el caso.

Se presume que Andrade habría incurrido en irregularidades para suscribir los otrosí 02 y 05 de 2015, que permitieron a Yuma Concesionaria S.A. subcontratar con Consultores Unidos. Esta última empresa se encargaría de la elaboración de los estudios y diseños del segundo puente vehicular del proyecto Ruta del Sol III que conectaría a los municipios de Plato y Zambrano (Magdalena).

Además, de ese mismo contrato, que ascendía a casi por 6000 millones de pesos, le habrían dado 877 millones a José Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. La jueza que lideró la audiencia dijo que Andrade acudió a otros funcionarios de la ANI, de la empresa Yuma y de particulares para cometer el delito.

Ante estas acusaciones, Andrade y el abogado que lo representa solicitaron al juez, en dos oportunidades, explicar detalladamente los cargos imputados porque “no los entendían”. Además, pidieron al ente acusador que respondiera 19 preguntas durante la audiencia porque no tenían claro los hechos.

En ese momento la Fiscalía detalló que las irregularidades se presentaron en un periodo de un año, entre junio de 2014 y julio de 2015. También se especificó que a Andrade no se le acusa de haber firmado los otrosí, pero sí de su presunta participación en el trámite de estos. La representante del organismo estatal argumentó que, aunque el expresidente de la ANI delegó en un tercero parte de sus funciones, esto no lo exime de la responsabilidad en las irregularidades registradas.

A pesar de las aclaraciones, Andrade insistió en que entendía los cargos pero no los hechos. Al final, esto desencadenó en que no aceptara los cargos y se declarara inocente. Su defensa solicitó a la juez que no avalara la imputación y pidió la nulidad de la audiencia para “garantizar el derecho de defensa del procesado”.

Ante esta solicitud, la Procuraduría General de la Nación, organismo que también sigue el caso, manifestó su desacuerdo. La jueza tampoco apoyó la petición argumentando que no es un momento oportuno y aseguró que la audiencia de imputación había sido correcta, pues se dio siguiendo todos los lineamientos judiciales establecidos en el país.

Cabe recordar que, en una oportunidad pasada ya se le había anulado la imputación de cargos a Andrade, pues se señaló que quien tenía encargado el caso hace unos meses había incurrido en anomalías. Esto, indican las autoridades, fue subsanado y por eso se realizó esta nueva audiencia.

Por el momento, la Fiscalía aseguró que avanzará en el proceso de Andrade eficientemente. En caso de que las pruebas lo señalen como culpable podría pagar una pena de más de 15 años de cárcel. Por ahora, el expresidente de la ANI está viviendo en el exterior y el ente acusador no pidió medida de aseguramiento.

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