El cobre sería una de las claves en la transición energética de Colombia: así está el panorama

El país ya cuenta con ocho proyectos de explotación considerados de interés nacional estratégico. No obstante, analistas aseguran que faltan al menos diez años para que se note el avance.

Poco a poco se comienza a ver en el país un mayor interés por la minería de cobre, un material que, según la firma Baker McKenzie, será clave para el desarrollo económico y energético de Colombia en los próximos 30 años y para el que el territorio nacional tiene un amplio potencial.

Es que, de acuerdo con un documento publicado en mayo de 2020 por el Banco Mundial, se espera que para 2050 haya un aumento del 500 por ciento en la producción de este y otros minerales como el cobalto, el aluminio y el manganeso, a causa de la industria de las energías renovables. De hecho, el documento asegura que la misma habrá consumido 29 millones de toneladas de cobre para ese año. Lo anterior, explica la consultora estadounidense, por sus altas propiedades para la conducción de energía.

Bajo esa óptica, agrega la última, Colombia tiene un importante potencial de negocio, pues si bien no es reconocido como potencia en la explotación del material —solo hay una mina en el Chocó que el año pasado sacó cerca de 5,8 toneladas, según la Agencia Nacional Minera y el Ministerio de Minas y Energía—, el país es atravesado por la misma formación cuprífera de Los Andes en la que se encuentran los más grandes yacimientos de países que le aportan mucho al mercado, como Chile y Perú.

A eso se le suma que, como mínimo desde 2019, la ANM viene hablando de la necesidad de diversificar la matriz minera del país para hacerla más eficiente y rentable. De acuerdo con Silvana Habib, quien en ese momento era presidenta de la entidad, el cobre sería fundamental en esa estrategia, por lo que desde entonces, se estaba buscando “pasar de etapa de exploración en cobre a ser un país con reservas probadas y traer inversionistas con proyectos de montaje y producción”.

Vale decir que, de ese momento a hoy, el país si ha avanzado. De acuerdo con un reporte de la revista Semana, para diciembre del año pasado el Servicio Geológico Colombiano tenía indicios de yacimientos en el Urabá chocoano, entre Mocoa y Tolima, entre Antioquia y el Eje Cafetero y en la Serranía del Perijá. Gracias a esto, se han venido desprendiendo al menos 350 títulos mineros y aproximadamente 1.200 solicitudes más —11 por ciento radicadas en 2020— relacionadas con el cobre, según el MinMinas.

Entre esos, informaba a principios de año Portafolio, se destacan ocho proyectos para la producción industrial a mediana y gran escala, en Chocó, Córdoba y Antioquia, comenzando por el de Quebradona, en este último departamento, que de recibir aprobación por parte de la Anla, plantea extraer 4,9 millones de toneladas de concentrado polimetálico compuesto por 80 por ciento de cobre y 20 por ciento de oro, plata y otros minerales, con una inversión de hasta $1,4 billones de dólares, con la que se generarían $400 millones de dólares en ventas al año, $6 billones COP en impuestos por 21 años y al menos 4.500 empleos, directos e indirectos, en distintas etapas.

Luego están El Roble, Volador, Mandé Norte y El Carmen, en Chocó; San Matías en Córdoba; y Cómita y Pantanos en Antioquia. Todos declarados como Proyectos de Interés Nacional Estratégico por el Gobierno nacional.

No obstante, Nicolás Arboleda, asociado de Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie explica que para que estos proyectos tengan éxito, se requiere de “una política muy clara y decisiva en temas de reformas estructurales del sector, otorgando incentivos a nuevas empresas y proyectos para que puedan realizar sus inversiones”.

Eso incluye reglas claras para dichas empresas así como un marco regulatorio estable en términos de políticas públicas y competitividad, lo cual se ve reflejado en el proyecto de ley de Concurrencia y Coordinación, que todavía no ha sido aprobado por el Congreso de la República. De igual forma, dice Arboleda, es necesario seguir abordando el tema de las consultas previas, para que se regule el procedimiento de consultas con comunidades, eliminando subjetividades y arbitrariedades, a la par que se regulan tiempos de explotación y obligaciones ambientales.

Esto tomará muchos años y no será sino hasta dentro de una década o más que veamos un cambio significativo en la producción mineral actual, que es dependiente de la explotación de carbón”, señaló el abogado y analista.

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