Defensoría del Pueblo publicó la primera alerta temprana del año: Cauca, Putumayo y Caquetá están en alto riesgo

Los grupos al margen de la ley siguen aterrorizando a las poblaciones más vulnerables de Colombia. Al menos 73.141 personas que habitan en Piamonte (Cauca), Puerto Guzmán (Putumayo), San José del Fragua, Curillo y Solita (Caquetá), están en alto riesgo, según reportó la Defensoría del Pueblo en su primera alerta temprana del 2021.

La entidad asegura que dentro de este grupo hay menores de edad, indígenas, afrocolombianos, mujeres, población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.

La alerta hace especial énfasis en que en estas comunidades se están presentando homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados, tercerización de la violencia, reclutamiento de menores y violencia sexual. Además, el peligro del fuego cruzado es inminente porque las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se están disputando el territorio con grupos dedicados al narcotráfico.

“Se ha hecho frecuente la implantación de modelos de control que están determinados fundamentalmente por el miedo y el ambiente de terror infundido por los diversos grupos. En este contexto, se ha observado la materialización de homicidios selectivos y múltiples, amenazas (contra líderes, lideresas, población socialmente estigmatizada, mujeres, campesinos e indígenas), desplazamientos forzados, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual contra mujeres, entre otros”, señaló la Defensoría en el documento.

Según la entidad, el Frente Carolina Ramírez y la compañía de finanzas Miller Perdomo de las antiguas Farc están haciendo presencia principalmente en Caquetá. Los subversivos están ubicándose en la cabecera municipal de Solita y en los corredores de movilidad hacia los municipios de Valparaíso, Milán y Solano, lo que les otorga un mejor posicionamiento y más posibilidades de avanzar en la zona.

En cuanto a los grupos dedicados al narcotráfico, en los 3 departamentos en alerta están operando los grupos `Sinaloa-.La Mafia´ y `La Constru´, organizaciones que surgieron después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, la Defensoría advirtió que en Piamonte y Puerto Guzmán está incursionando una nueva estructura conocida como `Comandos de Frontera´.

Estos grupos delictivos están promoviendo la compra y tráfico de cocaína y la tercerización de acciones violentas. Este último punto lo están logrando a través de la instrumentalización de delincuentes locales que sirven a los intereses de grupos de crimen organizado como `los Azules´, `los Escorpiones´, `los Niches´ y `los Cobra´ que operan principalmente en el corredor entre San José del Fragua – Piamonte – Puerto Guzmán.

Teniendo en cuenta lo señalado por la Defensoría, quienes corren más riesgo son los líderes sociales y las juntas de acción comunal en la zona como; la Asociación Municipal Campesinas de Trabajadoras y Trabajadores del Cauca; la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos; la Mesa de Unidad de Trabajadores de Puerto Guzmán; la organización de Mujeres “Amistral” de la Inspección de José María (Puerto Guzmán); la Alianza Tejedoras de Vida-Proyecto Guardianes del Agua en Puerto Guzmán; la Marcha Patriótica en Putumayo, Piamonte y Jardines de Sucumbíos; así como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam); la Asociación de Trabajadores Campesinos y Campesinos de Curillo y de Portales del Fragua; la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganohuna; el CRIC; la cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común y la Mesa de Organizaciones Sociales (Meros).

Asimismo, quienes no son activistas pero habitan o trabajan en la zona también corren riesgo. La Defensoría en su documento hace un especial llamado a quienes se movilizan por el territorio desde hace menos de un año, porque por lo general son señalados como colaboradores, informantes y/o auxiliadores de los actores armados ilegales o del Estado.

Para finalizar el documento, la Defensoría llamó la atención del Gobierno Nacional y le pidió al Ministerio de Defensa que procure enviar miembros de la fuerza pública para que velen por la vida de las 73.141 personas en riesgo.

“Teniendo en cuenta las afectaciones diferenciales para líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos, autoridades propias, organizaciones sociales, campesinas y de base en el marco de la presente advertencia, se insta a la Fuerza Pública a evitar señalamientos y estigmatización que puedan incrementar sus niveles de riesgo y ocasionar retaliaciones por parte de grupos armados ilegales”, se lee en la alerta temprana.

De igual forma, la Defensoría recomendó a la Armada y al Ministerio de Transporte que evalúe la posibilidad de crear una ruta fluvial para inspeccionar la zona y a las alcaldías locales tener en cuenta la situación para la crear las estrategias del Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

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