Alcaldía de Bogotá aprobó la declaración de emergencia climática presentada por el Concejo

A pesar de las objeciones que le hizo la alcaldesa Claudia López a este proyecto, su despacho decidió sacar adelante el plan.

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Continúan los esfuerzos por preservar el medio ambiente en Colombia. En la capital de la República, este 23 de diciembre, la alcaldesa Claudia López aprobó declarar la emergencia climática en la ciudad. Este hito sucedió después de que el Concejo de Bogotá pasara la propuesta a la alcaldía para sanción a inicios de diciembre. La declaratoria busca que en los próximos doce años se generen acciones para mitigar el cambio climático con ayuda del sector público, privado y la ciudadanía.

“Con esto ratificamos nueve mandatos y más de 40 estrategias que van a guiar cómo Bogotá enfrenta el cambio climático en la década crítica, en los siguientes tres gobiernos”, explicó la concejal autora del proyecto, Susana Muhamad (Colombia Humana), en sus redes sociales.

Además del Concejo, en el proyecto participaron más de 100 organizaciones y más de 88.0000 ciudadanos que presentaron sus firmas al gobierno distrital para mostrar su apoyo a esta iniciativa. La declaratoria aprobada tiene cincuenta estrategias con lineamientos para la adaptación, mitigación y resiliencia frente al cambio climático. La idea es que este documento sirva para hacer control político en temas relacionados al medioambiente y también activar el movimiento ciudadano.

Entre los objetivos del acuerdo está que en los colegios se hable y concientice acerca de las problemáticas medioambientales a nivel mundial, que se declare un día sin carne en Bogotá y que se avancen en actividades para proteger los suelos de La Sabana. Además, que desde el Distrito se construyan planes de ordenamiento territorial teniendo en cuenta las fuentes hídricas, que se redacte un código de construcción sostenible y que se establezca una ruta para el cierre del relleno sanitario Doña Juana.

Uno de los puntos de esta declaratoria prohíbe a partir de 2022 la compra de flota con motor que funcione a base de combustibles fósiles. Este tema en particular causó revuelo porque fue el único que la alcaldesa López objetó y pidió modificarlo para ampliar un año más el plazo, es decir que la norma empezara a regir desde el 1 de enero de 2023.

Al final, el Concejo no aceptó la objeción porque aseguró que el cambio de la flota es vital para generar cambios de fondo en pro del ambiente. La cláusula no cambió de fecha, pero se encuentra sujeta a un compromiso entre la entidad y la alcaldía para que juntos concreten soluciones financieras que permitan que Bogotá adquiera solo buses eléctricos a partir de 2022. Se acordó que desde enero del próximo año, ambos organismos deben empezar a trabajar en el proyecto de financiación que funcionará como complemento al punto 4.1.3.

“La idea es entender que el bus eléctrico cuesta más en cuanto a la inversión, pero menos en su mantenimiento. Además puede operar en el sistema 15 años, mientras que el bus diesel solo puede operar 10 años. Cuando se ponen juntas estas condiciones se da cuenta que es mucho menor el costo de los buses eléctricos y esto debería redundar en bajar la tarifa a los usuarios o los costos para pagarle a los operadores”, explicó Muhamad.

Los grupos medioambientales que apoyaron esta declaratoria ya manifestaron a través de redes sociales su apoyo a la decisión tomada por la alcaldía. La organización no gubernamental (ONG) Greenpeace seccional Colombia asegura que es una muy buena noticia para la capital, y para el país en general, porque se fomentarán actividades para el bienestar y la salud de los ciudadanos y la protección del medio ambiente.

Este es un gran primer paso para construir las ciudades que queremos. Es necesario que los entes, actores e instituciones involucrados asuman sus responsabilidades y compromisos, así como es vital reclamar la implementación efectiva de los mandatos consignados en la Declaratoria”, aseveró Greenpeace Colombia a través de su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, otras de las organizaciones que se han pronunciado al respecto son el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (Celeam) y los movimientos ciudadanos Emergencia Climática Ya y El Estuario.

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