Piedad Córdoba dice que el asesino de Álvaro Gómez Hurtado está vivo y puede dar su testimonio ante la JEP

La exsenadora también aseguró en el programa ‘Sigue la W’ que habló con el responsable del magnicidio.

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Piedad Córdoba
Piedad Córdoba

Este viernes, durante una entrevista radial en el programa ‘Sigue la W’ de W Radio, la exsenadora Piedad Córdoba volvió a referirse al magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

La exsenadora aseguró que ella conoció los detalles del magnicidio el pasado 30 de agosto. Según sostuvo Córdoba, todo sucedió después de que unas personas la contactaran para reunirse con ella en su casa de Medellín. “Yo los recibí pensando que me iban a hablar de cualquier cosa menos de eso”, afirmó.

Córdoba contó en la entrevista que en esa fecha habló directamente con la persona que supuestamente le disparó a Álvaro Gómez a la salida de la Universidad Sergio Arboleda. “Yo no lo podía creer”, sentenció.

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La exsenadora no reveló el nombre del supuesto responsable y contó pocos detalles de la conversación que tuvieron. Una de las revelaciones que el supuesto responsable del magnicidio le hizo fue que en ese entonces él pertenecía al “equipo de Carlos Antonio Lozada, de un grupo que se llamaba Ruan”.

La exsenadora dijo que el supuesto responsable material del magnicidio “actualmente está vivo y podrá dar su testimonio ante la JEP” y habría dicho que “el exjefe Farc hoy senador Carlos Lozada, tuvo contactos con la inteligencia militar”.

JEP niega recurso a familia de Álvaro Gómez Hurtado y cita a líderes de las Farc

Este viernes la Jurisdicción Especial para la Paz informó que negaba un recurso de reposición con el que la familia del político Álvaro Gómez Hurtado se oponía a que el senador Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, y Timochenko rindieran versiones libres sobre el magnicidio del líder conservador.

Las audiencias que estaban programadas para el 4 y 17 de noviembre y que se habían pospuesto por el recurso, se cambiaron para el próximo 10 y 11 de diciembre a las 9 a.m., respectivamente. Esto será en las instalaciones de la JEP en Bogotá.

En la tutela que presentaron dijeron que fueron violados los derechos al acceso a la información y la verdad, por lo que le pidieron a la Jurisdicción que les dieran la información que los exguerrilleros suministraran sobre el crimen ocurrido en 1995 en Bogotá.

Por su parte, el la Jurisdicción dijo que “el recaudo de información por parte de JEP no invalida, ni afecta la actuación de la Fiscalía que puede valorar la información recaudada de acuerdo con sus propias hipótesis”, advierte la Sala de Reconocimiento. Además, precisa, la Fiscalía General “conservará la competencia en aquellos supuestos que no corresponden a la competencia de la JEP”, ya sea por falta de relación con el conflicto o por terceros civiles que no se han acogido a la Jurisdicción”.

La familia de Álvaro Gómez rechazó la decisión de los exguerrilleros de no comparecer en calidad de testigos ante la Fiscalía aduciendo que los hechos se dieron en el marco del conflicto armado, lo que haría que la competencia directa del caso recayera sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Esta actitud renuente y sospechosa solo deja entrever la existencia de una estrategia para mantener en total impunidad el crimen del Dr. Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d), bajo el absurdo entendido que la JEP es su juez natural”, dijo la familia a través de Únete por Colombia.

También afirmaron que, para ellos, la competencia de la JEP es cuestionable y que, hasta ahora, no ha adquirido competencia prevalente, ya que no se ha dictado la primera resolución de conclusiones para determinar que la Fiscalía no pueda seguir con sus labores de investigación.

“No existe formalmente la apertura de un macrocaso que investigue hechos victimizantes de esta envergadura. Luego, no puede arbitrariamente la Jurisdicción Especial de Paz asumir una conducta de aporte temprano de verdad como el único insumo para darle apertura a un macrocaso, sin hacer una debida labor de contrastación de informes judiciales, así como de las pruebas válidamente obtenidas en 25 años de investigación”, señaló Únete por Colombia.

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