En 2018 el Congreso de Colombia aprobó el estatuto de oposición, una norma que da garantías mínimas para que todos los partidos que se declaren en oposición al Gobierno Nacional, departamental o municipal, ejerzan con total libertad y en igualdad de condiciones, una herramienta democrática que se había contemplado desde la Constitución de 1991, pero solo hasta los acuerdos de la Habana lograron salir adelante.
Con la entrada en rigor del estatuto, el artículo 30 detallaba la seguridad para los miembros de las organizaciones políticas que se declaren en oposición. Allí se obligaba al Gobierno Nacional a estructurar programas de protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de las organizaciones políticas.
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Aunque este punto no se había cumplido, con las recientes amenazas y asesinatos de miembros de colectividades como el partido Farc y Colombia Humana, el gobierno de Iván Duque ya tiene listo un borrador de decreto para cumplir con lo ordenado en el estatuto de oposición.
El Espectador tuvo acceso al documento que cuenta con nueve artículos y tiene como fin principal “adoptar el programa de protección y seguridad” del grupo poblacional que son reconocidos por el Consejo Nacional Electoral como oposición.
“De acuerdo al documento previo, la ruta de seguridad se ejecutará a la los principios de legalidad, buena fe, coordinación, corresponsabilidad institucional, concurrencia, participación, entre otros ‘principios consagrados en la Constitución Política, la ley y el Acuerdo Final (de la Habana)’", contó el diario.
Asimismo, ordena que el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con la participación de los entes territoriales, formulen planes de “prevención y contingencia” con un enfoque diferencial para la disminución del riesgo de la población considerada en oposición.
El Espectador asegura que las otras medidas contemplan que, en los municipios de riesgo extremo, los ministerios del Interior y Defensa, la UNP, la Fiscalía y la Fuerza Pública establezcan acciones preventivas para brindarle seguridad a dirigentes, candidatos y miembros de los movimientos en oposición reconocidos por el CNE.
Frente a los procesos electorales, el documento señala que comisiones departamentales y municipales, la UNP y Fuerza Pública implementarán mecanismos para protección individual y colectiva de los aspirantes, sobre todo en los recorridos de campaña.
El cuarto punto del borrador establece que desde el ministerio encabezado por Alicia Arango y el ente acusador se realizarán acciones para fortalecer el comité que impulsa las investigaciones de los delitos contra quienes ejercen la política, incluso contra aquellos que se declaran en oposición.
El borrador conocido por El Espectador, también entra a definir el patrullaje y la revista policial como parte de las estrategias de protección. En este último caso, serán los declarados en oposición aquellos que soliciten la medida.
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