Hacinamiento en los centros de detención transitoria en el país aumentaron en un 500%

Distintas entidades gubernamentales señalaron que este incremento se debe a la suspensión de los traslados a centros penitenciarios debido a la emergencia sanitaria causada por el covid.

Reclusos sacan los brazos por las ventanas de sus celdas dentro de la prisión La Modelo después de un amotinamiento de reos que exigían al gobierno medidas sanitarias contra la propagación del (COVID-19), enfermedad provocada por el coronavirus, en Bogotá, Colombia. 22 de marzo, 2020. REUTERS/Leonardo Munoz NO DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVO.
Reclusos sacan los brazos por las ventanas de sus celdas dentro de la prisión La Modelo después de un amotinamiento de reos que exigían al gobierno medidas sanitarias contra la propagación del (COVID-19), enfermedad provocada por el coronavirus, en Bogotá, Colombia. 22 de marzo, 2020. REUTERS/Leonardo Munoz NO DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVO.

De acuerdo con las autoridades, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de Policía de todo el país han aumentado su población de personas condenadas en un 500% durante los últimos meses, así lo reveló W radio durante un en vivo sobre el hacinamiento en estos centros de detención transitoria.

“Dada la situación coyuntural por la pandemia, algunos centros penitenciarios y carcelarios, organizados y administrados por el INPEC, decidieron cerrar las puertas de entrada para que las personas que debían pasar por estos centros no pudieran entrar. Entonces, el fenómeno causado con esto ha sido que los centros de detención transitoria han ido acumulando cientos y, en este momento, miles de personas, que deberían estar allí únicamente por 36 horas, pero que actualmente están pasando en promedio entre 1 y 16 meses retenidos en lugares que no están acondicionados para ello”, explicó a la W radio, el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo.

En el último informe emitido hace una semana por la Procuraduría General de la Nación sobre la situación carcelaria en el país, se reveló que, a pesar de que el hacinamiento en las cárceles pasó de un 51.49% a un 26.23% entre marzo y agosto, esta situación se incrementó en las URI y en las estaciones de Policía.

En el documento, la Procuraduría indicó que este problema tiene en alerta a 21 departamentos del país, entre los que se encuentran Boyacá, Tolima, Caldas, La Guajira, Chocó y Arauca.

“La suspensión de traslados de centros de detención transitoria a establecimientos penitenciarios y carcelarios generó dificultades y aumento del número de personas, incrementando el índice de ocupación y hacinamiento, aumentando el riesgo de prevención y cuidado frente al contagio”, afirmó la entidad.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió al respecto que faltan de pruebas para covid-19 para esta población, y encendió las alarmas respecto al contagio del virus.

Inexistencia y el déficit de pruebas diagnósticas en el sistema penitenciario y carcelario. Solamente se han hecho pruebas al 30% de la población penitenciaria”, explicó el procurador, de acuerdo con información de la emisora La FM.

Este problema sobre el hacinamiento en los centros de detención transitoria en el país, que se viene presentado en los últimos meses, también ha generado que los ciudadanos pongan en tela de juicio el por qué se debe preocupar por esta población, porque consideran que al ser delincuentes pierden todos sus derechos.

El experto en criminología y sistema penitenciario, Norberto Hernández, en diálogo con la W, dijo que, a pesar de que una persona se encuentre privada de la libertad, sigue teniendo derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado.

Las personas no entienden que quienes están privados de la libertad también tienen derecho a una dignidad humana, y tampoco entienden que hay personas que en ocasiones por errores judiciales pueden llegar a ese ambiente tan deplorable que no merecen y donde se requiere la satisfacción de unos derechos fundamentales”, explicó Hernández a la emisora.

El director de política criminal y penitenciaria del Ministerio de Justicia, Christian Leonardo Wolffhügel, al respecto, subrayó en entrevista con la emisora, que esta es una problemática que “compromete y corresponde a muchas entidades del Estado” y que hacen falta políticas alternativas para sensibilizar a las personas sobre la problemática que actualmente viven los centros penitenciarios en el país.

“Cuando la Corte dijo que estamos en un estado de cosas institucionales desde 2018, para que la gente entienda, hay una permanente y constante violación de derechos fundamentales en claves de dignidad humana. Eso compromete a diversas entidades, a diversos actores y, en ese orden de ideas, nuestra finalidad es articular a que se disminuya esa vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad”, explicó Wolffhügel.

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