Preocupación por la postura de Colombia en la OEA contra los derechos de las mujeres y las personas LGTBI

Este martes 20 de octubre comenzó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que durará dos días y en la que sus miembros votarán proyectos de resolución sobre temas importantes en la región como la situación en Venezuela y Nicaragua.

Además de estos temas, en la Asamblea se tratará una resolución de derechos humanos que incluirá puntos que recaen sobre la población LGTBI y que son de alta importancia para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por tratarse del curso a seguir durante el próximo año.

Esta gestión es clave para la protección de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex en la región, ante prescindir en muchas ocasiones de protección por parte de los Estados. Al contar con una “radiografía de la discriminación” se puede tener un mejor horizonte frente índices de poca confiabilidad provistos por algunas instituciones estatales.

Así entonces, este tema, que es discutido por representantes de 34 país de forma virtual en la OEA, es de suma importancia ya que el Sistema Interamericano es líder en la protección de las comunidades LGTBI y su gestión permitió el desarrollo de iniciativas como la emisión de alertas a los Estados que no cumplen lo acordado.

La resolución de derechos humanos es el punto que preocupa a analistas debido a que el Estado de Colombia propuso hacerle modificaciones en el marco de la Asamblea.

La propuesta sobre educación moral y religiosa

En la Asamblea, uno de los primeros puntos que Colombia pidió modificar fue la inclusión del derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones.

Según expertos consultados por El Espectador, esto se puede traducir en un intento de los “grupos religiosos antiderechos de mujeres y de personas LGBTI de incluir la defensa de la libertad religiosa en términos absolutos”, sin tener en cuenta avances y reconocimientos de los derechos de las mujeres y la población LGTBI.

Sobre este tema, el Estado colombiano también añadió que los derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencia y la libertad de expresión pueden darse en el marco de una lucha contra todas las formas de intolerancia, violencia y discriminación de todo tipo, “incluso cuando estas van dirigidas a creyentes religiosos por su fe”.

La propuesta más preocupante: eliminación del “enfoque interseccional”

Sin duda, uno de los cambios que propuso el Estado colombiano que más alertó fue el de eliminar el término “enfoque interseccional” en algunos de los párrafos que dan pautas de cómo debe trabajar la Comisión Interamericana de Mujeres y cómo debe promover los derechos de las mujeres y las niñas.

Organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGTBI dijeron que estas modificaciones están lideradas por Alejandro Ordóñez, actual embajador de Colombia ante la OEA, férreo opositor del matrimonio igualitario cuando lideró la Procuraduría General de la Nación.

Otras reacciones

María Adelaida Palacio, gerente de Sisma Mujer, dijo que el Gobierno de Iván Duque “desconoce las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en especial, las derivadas de la Convención Americana y la Convención de Belem do Pará. La posición del embajador Ordoñez y la Cancillería buscan hacer invisible el hecho de que las mujeres y las niñas somos distintas y tenemos necesidades específicas dependiendo de la edad, raza, etnia, identidades de género y clase. Hacer lobby en la OEA para eliminar la interseccionalidad no tiene otro fin que un retroceso en la garantía y protección de nuestros derechos, especialmente, de las mujeres y niñas más vulnerables. El presidente, la cancillería y el embajador deben explicar por qué pretenden ante la OEA que las mujeres y las niñas seamos ciudadanas de segunda categoría”.

Por otro lado, Dayana Blanco, directora general de Ilex Acción Jurídica explicó en El Espectador que “las recientes demandas sociales en temas de paz, defensa del territorio y acceso integral a salud, concluyen que la perspectiva de género se queda corta al momento de identificar las violencias que sufren las mujeres rurales, lesbianas o las mujeres trans negras en Colombia. Es deber de la Misión Permanente promover y salvaguardar los intereses del país y de sus nacionales ante los demás Estados, Organismos, Conferencias Internacionales y la Comunidad Internacional, las mujeres negras y diversas también somos nacionales de este país y es deber de nuestros representantes en la OEA garantizar que nuestras demandas, así como las violencias que nos afectan sean dimensionadas en su totalidad en estos espacios”.

El apoyo del Estado colombiano a los grupos religiosos no es desconocido dado que la Cancillería de Colombiana organizará el próximo 22 de octubre el “Foro Hemisférico de libertad religiosa y de creencias”, con el que el Gobierno afirma su apoyo a la protección de las expresiones religiosas y sus sitios de culto. El evento contará con conferencias como “Amenazas del extremismo contra las minorías religiosas” y “La mujer en las comunidades de fe”.

La Asamblea de la OEA seguirá este miércoles y se decidirá qué camino tomarán las propuestas de Colombia. Por su parte, la Cancillería afirmó que respeta el derecho a la libertad de conciencia y religión previsto en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales.