Desde antes de su liquidación en 2011, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ha estado plagado de escándalos. Intercepciones ilegales, operaciones estratégicas comprometidas, al igual que la vida de agentes encubiertos, y documentos vendidos a criminales son solo algunos de ellos. Y pese a que ya pasaron siete años desde su desaparición, sigue dando de qué hablar.
En los años 80 y 90 bien son recordados los magnicidios en los que estuvieron involucrados escoltas del DAS: el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por orden de Pablo Escobar, cabecilla del Cartel de Medellín; el candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, asesinado por el mismo grupo narcotraficante; y el candidato presidencial y ex comandante de la guerrilla del M19, Carlos Pizarro Leongómez, asesinado por orden del ex jefe paramilitar Carlos Castaño.
Ahora, un nuevo documento de la Fiscalía de 300 páginas revelado por el periódico El Tiempo da cuenta del apoyo del DAS en otros crímenes de la mafia y el paramilitarismo; donde se evidencia el mismo modus operandi de los homicidios anteriormente mencionados en réplicas menos sonadas en las regiones.
En el informe se demuestra que agentes de la entidad pública debilitaron la seguridad de personas amenazadas por estos criminales para facilitar la consecución de sus homicidios, y eliminaron pruebas para garantizar su impunidad. Una de esas víctimas fue el diputado de la Unión Patriótica Gabriel Jaime Santamaría Montoya en 1989, matado en su propia oficina cuando sus escoltas del DAS permanecían afuera de esta.
"El atentado (fue) perpetrado bajo similares circunstancias a las que se escenificarían seis meses después cuando fue acribillado (Carlos) Pizarro, estribando la diferencia en la ejecución en tierra, en la oficina, lugar al que penetró el sicario, que tras la ráfaga fue abatido por los escoltas que ingresaron presurosos so pretexto del ejercicio de una reacción, más bien silenciándolo porque había dejado de representar peligro, agotada la carga, la munición", dice el documento citado por El Tiempo.
Días antes el detective Justo Alfredo Barrios, a cargo de la seguridad de Santamaría Montoya, fue retirado del esquema. Y días antes había sido abordado por un hombre que le pedía salir por "una gaseosa" mientras el sicario ingresaba al despacho del diputado, por unos 2.700 dólares de la época.
Otro caso fue el homicidio en 1990 de la alcaldesa de Apartadó, Diana Cardona Saldarriaga, también del partido de la Unión Patriótica; a quien la secuestraron supuestos agentes del DAS y luego apareció con ocho impactos de bala. Sus escoltas permitieron la suplantación.
Así se fue consolidando el exterminio de la Unión Patriótica, partido político de ex guerrilleros que fueron desmovilizándose en un proceso de negociación con el ex presidente Belisario Betancourt. A través de desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y exilios fueron eliminando simpatizantes y militantes, por cuenta de grupos paramilitares con apoyo del Estado.
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