La plenaria del Senado de Colombia aprobó este lunes en el último debate la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la columna vertebral del pacto con las FARC.
Ahora, la JEP pasará a control de la Corte Constitucional, que determinará si la iniciativa se ajusta a la Constitución colombiana y si se cumplieron todos los trámites en el Congreso.
Esta es la primera reforma constitucional aprobada a través del "fast track", la vía legislativa rápida para dar trámite a las normas y reformas constitucionales necesarias para implementar jurídicamente el acuerdo de paz.
La Jurisdicción Especial de Paz investigará, condenará y sancionará a los responsables de los delitos más graves, como genocidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra personas, prostitución forzada y esclavitud sexual, entre otros.
Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo de su aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros. Para los agentes del Estado serán simétricas y se cumplirán en guarniciones militares.
La JEP también contempla la creación de un sistema integral que estará compuesto por una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, le pidió la semana pasada al nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, impulsar la implementación del acuerdo de paz a través de leyes y reformas que den vida a la JEP.
El jefe de Estado también ha solicitado al comité elector de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz acelerar el proceso de selección de los integrantes de ese tribunal que estará a cargo del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
De acuerdo a lo publicado por El Tiempo, uno de los principales cambios que se introdujo en el último debate de la iniciativa fue un apartado que indica que en la ley estatutaria que se tramitará posteriormente para reglamentar la JEP, se deberá determinar cuándo los delitos relacionados con el narcotráfico serán de competencia de la justicia ordinaria y cuándo de la justicia especial de paz.
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