La Fiscalía Oriente dio por cerrada este martes la investigación del Caso Audios y sus múltiples aristas, sin duda la trama de tráfico de influencias y corrupción más extensas en la historia reciente del país, destapada a fines de 2023 con la incautación del teléfono del abogado Luis Hermosilla y que salpicó a empresarios y políticos, provocando un verdadero terremoto también en el Poder Judicial.
Según informó BioBíoChile, el Ministerio Público presentó acusación contra todos los involucrados y pidió penas que van desde los 10 a los 20 años para los empresarios Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Luis Flores Cuevas, Antonio Jalaff Sanz, y la abogada María Leonarda Villalobos Mütter.
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Para el abogado Luis Hermosilla Osorio, ex hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, acusado por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias, la Fiscalía pide 17 años y un día.
Ahora, solo queda esperar que el 4.º Tribunal de Garantía fije la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de preparación del juicio oral.
El caso y sus múltiples implicancias
El Caso Audios-Factop se originó en noviembre de 2023 tras un audio difundido por el medio de investigación periodística Ciper entre Hermosilla, Daniel Sauer - controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital-, y la abogada María Leonarda Villalobos, quien grabó la conversación de forma oculta para, según argumentó, proteger a otro socio de Factop, Rodrigo Topelberg, quien finalmente filtró la conversación.
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En dicha conversación, Hermosilla proponía estructurar una “caja negra” con dinero en efectivo para pagarle directamente a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el fin de borrar deudas, alterar fiscalizaciones y obtener información privilegiada.
En paralelo, la empresa de factoring Factop (de Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg) emitía facturas falsas para inflar ganancias, obtener liquidez y financiar deudas de grandes empresarios como los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff (excontroladores del gigante inmobiliario Grupo Patio), quienes utilizaban la “bicicleta” de Factop para financiar sus deudas millonarias.
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La investigación acreditó que Hermosilla utilizó sus nexos políticos para destrabar en tiempo récord -dos meses, cuando usualmente toma dos años- certificados habitacionales e industriales que favorecieron al loteo industrial Parque Capital del Grupo Patio, y el caso también arrastró a la corredora de bolsa STF Capital e importantes administradoras de fondos del sector oriente de Santiago.
La arista política y judicial
Los chats del teléfono de Hermosilla también revelaron que el abogado operaba como un “gestor de contactos” al más alto nivel del aparato estatal chileno, y aún tienen bajo la lupa al exministro del Interior y figura clave de la centroderecha, Andrés Chadwick, primo del expresidente Piñera, mejor amigo de Hermosilla y quien aparece en varias conversaciones como alguien que presuntamente usaba su influencia en beneficio de la red.
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Además, se abrieron múltiples causas penales que involucran el tráfico de influencias para la designación de ministros en las cortes del país, asunto que llevó a la destitución de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, amén de dos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Finalmente, el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, fue formalizado y condenado tras comprobarse que le enviaba información secreta a Hermosilla sobre causas de alta connotación política. En tanto, el exfiscal regional Manuel Guerra enfrenta querellas por facilitarle al abogado datos reservados de casos emblemáticos como Penta y Vitacura, que atañían precisamente al expresidente Piñera.
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