Ecuador: la minería ilegal dejó de mover 4.6 millones de dólares tras ofensivas contra las mafias

El Gobierno de Ecuador calcula en USD 4.659 millones la afectación económica provocada a organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal durante los primeros nueve meses de 2026. El monto corresponde a un balance de operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional entre el 1 de enero y el 10 de septiembre, en distintos puntos del país.

La cifra fue presentada por el Ministerio de Defensa como parte de la ofensiva del Bloque de Seguridad contra las economías ilícitas que financian a grupos del crimen organizado. El Gobierno sostiene que la extracción ilegal de oro se ha convertido en una fuente de recursos para estructuras que también participan en actividades como narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y lavado de activos.

Los datos oficiales contabilizan 1.119 campamentos destruidos y 1.748 bocaminas inhabilitadas. Las operaciones también permitieron inutilizar 590 retroexcavadoras, 537 clasificadoras y 395 dragas, maquinaria utilizada para extraer y procesar material aurífero. Además, las autoridades reportaron el decomiso de 54.954 sacos de material relacionado con la actividad minera.

Sin embargo, los USD 4.659 millones no corresponden a dinero incautado por el Estado. Se trata de una estimación oficial de la afectación económica causada a las organizaciones dedicadas a la minería ilegal. La información pública difundida por las autoridades no detalla una metodología que permita determinar cuánto corresponde específicamente a maquinaria destruida, producción interrumpida, material decomisado o ingresos que las organizaciones dejarían de obtener.

El Gobierno ya había utilizado este indicador en años anteriores. En 2025, el Ministerio de Defensa calculó en cientos de millones de dólares la afectación provocada por los operativos contra la minería ilegal. El resultado de 2026 representa un salto considerable frente a esos registros y es utilizado por las autoridades para mostrar el alcance de la estrategia contra las economías criminales.

Uno de los principales focos de las operaciones es Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, donde las autoridades han detectado estructuras vinculadas con la explotación y comercialización ilegal de oro. En agosto, Policía, Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control Minero localizaron tres bocaminas y decomisaron cerca de dos toneladas de material mineralizado.

En ese cantón también avanza una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos que involucra al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez y otras cinco personas. Según el Ministerio Público, la investigación detectó movimientos financieros superiores a USD 9 millones que no tendrían justificación económica y que estarían relacionados con actividades de minería ilegal y comercialización de oro.

La Amazonía constituye otro de los principales escenarios de la ofensiva. En Alto Punino, las autoridades han identificado la presencia de estructuras armadas vinculadas con la extracción ilegal de oro. Entre ellas se encuentran los Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas FARC que las autoridades ecuatorianas relacionan con organizaciones criminales que operan en el país.

El enfrentamiento por el control de esas zonas también ha dejado víctimas entre las fuerzas de seguridad. En mayo de 2025, once militares fueron asesinados durante una emboscada mientras participaban en un operativo contra la minería ilegal en Alto Punino. El Gobierno atribuyó el ataque a los Comandos de la Frontera.

En septiembre de 2026, Ecuador recibió además apoyo operativo de Estados Unidos para las acciones en la Amazonía. Dos aeronaves MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines estadounidense llegaron a la Base Aérea de Taura y una de ellas fue empleada posteriormente en operaciones en Alto Punino.

La dimensión ambiental acompaña al impacto económico y de seguridad. Un reporte reciente identificó más de 700 hectáreas deforestadas desde 2020 alrededor de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, en una zona afectada por la expansión de la minería ilegal.

El Gobierno presenta la destrucción de infraestructura minera como una forma de cortar el flujo de recursos de las organizaciones criminales. Pero la magnitud de la cifra económica anunciada y la continuidad de las operaciones muestran que el desafío no termina con la destrucción de maquinaria: las autoridades todavía deben perseguir las redes que extraen, transportan, comercializan y eventualmente introducen el oro ilegal en circuitos financieros y comerciales.