El Gobierno de Rodrigo Paz ha descartado abrogar el decreto que aumenta el precio del diésel para los grandes consumidores, pero ha aprobado algunas reformas con el objetivo de mitigar las protestas contra la medida: amplió el volumen para los pequeños consumidores y redujo en un 8% el precio referencial para los grandes.
Según una publicación difundida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) este jueves, el precio referencial del diésel para los grandes consumidores que se había fijado hace dos semanas en 18 bolivianos pasó a costar 16,50.
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La medida se aprobó después de haber ampliado sustancialmente el cupo de diésel subvencionado para los pequeños productores agropecuarios que pasó de 120 litros mensuales a 2.500. Con este nuevo rango, los pequeños productores rurales podrán adquirir hasta esa cantidad de combustible a poco más de la mitad de precio: 9,80 bolivianos, el mismo precio que pagan transportistas y particulares.
Estos dos cambios apuntan a neutralizar las protestas surgidas en relación con el Decreto Supremo 5676, vigente desde el 17 de agosto, que eliminaba la subvención para los “grandes consumidores” de diésel, entre ellos productores y agroindustriales.
Las manifestaciones se concentran en zonas agrícolas de Santa Cruz, la principal región productiva del país, donde organizaciones agropecuarias denuncian que el nuevo esquema de precios eleva los costos operativos de siembra y cosecha. Desde la semana pasada, productores de diferentes zonas realizaron marchas y bloqueos, pese a la vigencia del estado de excepción que prohíbe los piquetes desde finales de junio.
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El rechazo también se extendió a otros sectores. Organizaciones empresariales y cívicas exigieron la abrogación del Decreto 5676 y, en algunos casos, anunciaron nuevas medidas de presión. Entre los principales argumentos citan el riesgo de que la medida provoque el desvío de combustible e impacte en el precio de los alimentos y otros productos.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, calificó la medida de “discriminatoria” para los productores y advirtió que establecer distintos precios para el mismo combustible puede incentivar el agio, la especulación y el mercado negro.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, señaló que el problema no radica únicamente en el costo del diésel, sino en la existencia de “dos precios para un mismo producto”, una diferencia que, según sostuvo, genera incentivos para desviar el combustible subsidiado hacia circuitos ilegales
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El Gobierno, entretanto, ha defendido el nuevo esquema como una medida destinada a reducir el desvío de grandes volúmenes de combustible subsidiado hacia el contrabando y a aliviar el costo que representa la subvención para el Estado.
El presidente Rodrigo Paz explicó también que mantener el precio subsidiado para todos los consumidores afectaría la capacidad del Estado para financiar obras públicas.
“El precio es el que es porque es un precio internacional, no lo ponemos nosotros”, justificó el primer mandatario y señaló que mantener la subvención reduciría la liquidez para ejecutar obras que les den a las familias “una vida más digna”. “A veces hay que tomar decisiones complejas para tener un mejor futuro”, agregó.
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