Rescisión de Uruguay con astillero español Cardama: oposición denuncia a ministra de Yamandú Orsi

La rescisión del contrato que dispuso el gobierno uruguayo con el astillero español Cardama lleva 10 meses de polémica. El 22 de octubre del 2025, el presidente Yamandú Orsi anunció que se iniciaba el proceso para culminar el contrato para adquirir dos patrulleras oceánicas tras detectar irregularidades en la garantía que presentó la compañía. Luego, el Poder Ejecutivo presentó una denuncia penal, el mismo recurso al que ahora recurrió la oposición.

La decisión del gobierno de Orsi motivó un enfrentamiento público con su antecesor, Luis Lacalle Pou, en cuya administración se compraron estas patrulleras. La rescisión del contrato motivó una comisión investigadora en el Parlamento, que culminó el viernes 21 con conclusiones diferentes entre el oficialismo y la oposición.

Este lunes, las dos bancadas convocaron a conferencias de prensa para anunciar sus conclusiones sobre el trabajo de esa comisión investigadora, que se extendió durante cinco meses.

La Coalición Republicana, integrada por tres partidos políticos y liderada por el expresidente Lacalle Pou –aunque está alejando de los temas diarios–, anunció que denunciará penalmente a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por resolver esta rescisión.

“Estamos terminando de redactar, vamos a presentar en los próximos días una denuncia penal contra la ministra Lazo por el delito de abuso innominado de funciones. En función de todo lo que aquí se ha informado, y de la operación política que se ha llevado a cabo, la misma está referida a asuntos que son de la competencia del Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto, la ministra Lazo es responsable legal, política y penalmente”, argumentó Pablo Abdala, diputado del opositor Partido Nacional, sobre la presentación de la denuncia.

El legislador Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, criticó que aún no se sabe “en base a qué cálculos fue que indujeron al presidente de la República a firmar una rescisión a todas luces ruinosa”. Gabriel Gianoli, también diputado nacionalista, criticó: “No tenemos patrulleras, hemos pagados 28 millones de euros, no sabemos cuánto vamos a perder. Y todo esto obedece a una maniobra política de muy mala fe, de varios actores del gobierno, y desde el inicio mismo del gobierno”.

En el sistema político uruguayo hay consenso en que son necesarias las patrulleras oceánicas para custodiar la soberanía uruguaya en el mar. En 2021, el gobierno de Lacalle Pou realizó un llamado a licitación para que Uruguay pueda contar con buques OPV. El llamado quedó desierto inicialmente. Luego apareció la empresa Cardama, a la que el Ministerio de Defensa Nacional –encabezado por Javier García– encomendó la compra en 2023. El proceso de compra fue criticado desde el momento cero por el Frente Amplio, que entonces estaba en la oposición. Cuando la izquierda llegó al poder, continuaron los cuestionamientos.

El gobierno detectó que había irregularidades en la presentación de la garantía de fiel cumplimiento y en la de reembolso.

Después de este anuncio de la oposición, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, escribió en su cuenta de Instagram que se estaba recuperando de una intervención médica. “En unos días nos encontramos donde quieran. Vuelvo con más energía y las mismas convicciones. I’m so sorry”, señaló.

El Frente Amplio, en tanto, también llamó a una conferencia de prensa para comentar sus conclusiones sobre la comisión investigadora. “El trabajo nos arroja una serie de responsabilidades políticas que queremos determinar. Entendemos que el primer responsable político de esta situación en la que se encuentra el Estado uruguayo es el expresidente Luis Lacalle Pou”,dijo el senador Nicolás Viera.

El legislador señaló que hubo un “fraude” que tuvo la “opacidad” de jerarcas que no controlaron al gobierno y al Estado uruguayo. “Hay una ausencia importante en materia de controles”, sentenció.

a