Pusieron en duda la legalidad de la candidatura de Aida Quilcué a la Vicepresidencia: Consejo de Estado admitió demanda por presunta doble militancia

El Consejo de Estado admitió una demanda que pone en entredicho la elección de Aida Quilcué, actual representante a la Cámara por el Pacto Histórico, tras una acción legal interpuesta por el veedor Juan Carlos Calderón España.

El proceso, conocido a partir de la documentación consultada por Semana, examina la presunta configuración de doble militancia política y cuestiona el procedimiento que permitió la inscripción de Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, sin que mediara renuncia a su curul de senadora ni a su militancia en el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

La demanda, radicada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, argumenta que Quilcué fue elegida senadora para el periodo 2022-2026 en la circunscripción especial indígena, avalada por el Mais.

Pese a ello, participó activamente en la campaña presidencial del entonces candidato presidencial y ahora senador Iván Cepeda, respaldada por el Pacto Histórico, sin formalizar su desvinculación del movimiento indígena ni de su escaño en el Senado.

Según el demandante, la situación vulnera la prohibición de doble militancia, al combinar simultáneamente la pertenencia a dos agrupaciones políticas y el apoyo a candidaturas diferentes.

El recurso sostiene que el Mais avaló a Roy Barreras como aspirante presidencial, mientras Quilcué se sumó a la fórmula vicepresidencial de otra corriente, lo que, según el veedor, constituye una infracción a las normas que rigen la participación política y la disciplina partidaria.

“La congresista quedó inmersa en la prohibición de doble militancia, tanto por pertenencia a dos partidos como por apoyo”, subrayó Calderón España en su argumentación.

La Sección Quinta admitió la demanda tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales, entre los que figuran la correcta individualización de las pretensiones, la presentación oportuna del recurso, la identificación de las partes y representantes, la exposición de los hechos relevantes y la incorporación de pruebas documentales. También se garantizó el acceso a canales de notificación, conforme a las exigencias del Código de Procedimiento Administrativo.

Junto a la demanda, Calderón España solicitó la suspensión provisional de la elección de Quilcué, al considerar que su participación en la campaña de Cepeda habría configurado la simultaneidad de elección para más de una corporación pública y dos periodos coincidentes, además del apoyo a proyectos políticos distintos.

Sin embargo, la Sala encargada del estudio del caso negó la medida cautelar, fundamentando la decisión en la ausencia de pruebas certificadas que demuestren con claridad la condición de senadora de la demandada para el periodo señalado.

A pesar del avance del proceso, Aida Quilcué continuará ejerciendo como representante a la Cámara del Pacto Histórico hasta que el Consejo de Estado emita una decisión de fondo sobre la legalidad de su elección. La admisión de la demanda no implica un fallo sobre el fondo del asunto, sino la apertura formal del expediente para su análisis detallado.

Aida Quilcué defendió el pluralismo político tras la réplica opositora al mensaje presidencial

El primer discurso presidencial de Abelardo de la Espriella tras el terremoto de magnitud 7,4 generó una inmediata respuesta opositora centrada en la gestión de la crisis y la responsabilidad política. 

Gustavo Petro, expresidente, sostuvo que “la incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo convirtió esas horas en un desastre”, mientras el senador Iván Cepeda reclamó transparencia y recursos para las personas afectadas.

Durante una intervención de menos de 17 minutos, el bloque opositor abordó la evaluación de la emergencia y presentó propuestas para la reconstrucción. 

Aida Quilcué respaldó la réplica y enfatizó: “La democracia exige pluralismo y voz de quienes representamos a las mayorías. Aquí seguimos caminando junto a los pueblos”. Además, la bancada del Pacto Histórico defendió su derecho a ejercer control y mantener presencia institucional frente a señalamientos que considera infundados.

En el plano económico, Cepeda sugirió destinar la prima especial de servicios de los congresistas, equivalente a $18 millones, a los damnificados, mientras que Petro señaló la necesidad de retomar la reforma tributaria de $20 billones para que “los más ricos de Colombia” asuman el costo de la reconstrucción.

La oposición también propuso habilitar la contratación directa con juntas de acción comunal, bajo el principio de que la ayuda llegue “a todas y todos sin discriminación alguna”. El terremoto se convirtió en el primer escenario de choque entre el gobierno y quienes integran la bancada opositora.