
La transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella no partirá de un “desastre” generalizado, pero sí estará marcada por una restricción fiscal que puede condicionar buena parte de la agenda del nuevo mandatario. Esa es una de las conclusiones que plantea el economista José Antonio Ocampo en un documento divulgado este 30 de julio.
El análisis, reseñado por Revista Semana, revisa el cambio de mando entre dos proyectos políticos con diferencias ideológicas profundas y pone el foco en las verdaderas cargas que recibirá la nueva administración. Para Ocampo, el país llega con avances sociales y correcciones económicas importantes, aunque también con una crisis fiscal que no puede minimizarse.
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El exministro de Hacienda durante la primera etapa del gobierno Petro sostiene que algunos indicadores mejoraron en los últimos años. Entre ellos menciona la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional, así como una baja tasa de desempleo que se ha mantenido recientemente.
Con esa lectura, Ocampo desmonta la idea de que De la Espriella recibirá un país completamente deteriorado en lo social. Sin embargo, advierte que el nuevo Gobierno tendrá poco margen para cumplir metas ambiciosas de crecimiento, especialmente si busca acercarse a cifras cercanas al 7 %.

Ocampo reconoce avances, pero advierte límites
Uno de los puntos que destaca el economista es la corrección de dos desequilibrios heredados desde 2022: el déficit en la balanza de pagos y el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc. Según Ocampo, ambos problemas fueron corregidos durante el cuatrienio que termina.
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La balanza de pagos refleja los intercambios reales y financieros que Colombia sostiene con el resto del mundo. El Fepc, por su parte, había acumulado un déficit que pocos gobiernos se habían atrevido a enfrentar. Para el profesor de la Universidad de Columbia, esas correcciones son parte del balance económico que no debería desconocerse.
El documento también menciona el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, una tendencia que Ocampo considera clave para el equilibrio de las cuentas externas. “Mantener esa tendencia bajo el nuevo gobierno será fundamental”, señaló.
Aun así, el economista advierte que esas ventas externas pueden enfrentar presiones por la apreciación del peso y por el fuerte aumento del salario mínimo. “Medido en dólares estadounidenses, el salario mínimo ha aumentado más de un 40 %”, subrayó Ocampo.
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Ese punto abre una discusión sobre competitividad, costos laborales y capacidad exportadora. Aunque el aumento del salario mínimo puede mejorar ingresos de los trabajadores, también puede tener efectos sobre sectores que compiten en mercados internacionales.
La gran herencia será fiscal
El mayor problema para De la Espriella estará en las finanzas públicas. Ocampo enfatiza que la deuda pública supera el 60 % del PIB y que el aumento del gasto deja una carga pesada para el próximo Gobierno. Esa restricción fiscal puede limitar programas, inversiones y promesas de campaña.
El diagnóstico también plantea una incógnita social: hasta qué punto el nuevo Gobierno mantendrá el compromiso con los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991. La pregunta se relaciona con los avances en reducción de pobreza multidimensional, asociados a mejoras en educación, salud, servicios públicos y vivienda.
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Ocampo advierte que esos avances conviven con una brecha creciente entre zonas rurales y urbanas. Por eso, cualquier ajuste fiscal tendrá que considerar el impacto sobre los hogares más vulnerables y sobre las regiones con menor acceso a servicios.
El fenómeno de El Niño aparece como otro reto inmediato. Según el informe citado por Revista Semana, la nueva administración enfrentará riesgos de racionamiento de energía por el lento crecimiento de la capacidad de generación durante el gobierno Petro y por el déficit de gas natural para consumo interno.
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