
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de 204,2 millones de dólares para modernizar el sistema eléctrico del norte amazónico de Bolivia, una región que depende en gran medida de generación aislada con diésel y que enfrenta limitaciones en el acceso a un suministro estable de energía. Los recursos permitirán ampliar la infraestructura eléctrica, impulsar proyectos de energías renovables e integrar parte del sistema boliviano con la red de Brasil.
El organismo internacional informó que el programa beneficiará directamente a más de 209.000 habitantes de los departamentos amazónicos de Pando y Beni, especialmente en las ciudades de Cobija, Riberalta y Guayaramerín, además de otras comunidades alejadas.
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Según el BID, la iniciativa busca ofrecer un servicio eléctrico más confiable, sostenible y de menor costo, al tiempo que reduce la dependencia de combustibles importados para la generación de electricidad.
El financiamiento está compuesto por un préstamo de inversión de 142,2 millones de dólares con recursos ordinarios del BID, un crédito de 60 millones de dólares y una cooperación no reembolsable de 2 millones de dólares provenientes del Fondo de Inversiones del Clima (CIF).

Uno de los componentes centrales del proyecto será la interconexión eléctrica de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando al norte del país, con el sistema de distribución del estado brasileño de Acre, así como la conexión de los sistemas aislados de Riberalta y Guayaramerín, ambas localidades fronterizas en el departamento de Beni, con la red del estado brasileño de Rondônia. La integración permitirá reemplazar parte de la generación basada en diésel por un suministro que reduzca los costos operativos de importación de combustible y fortalezca la seguridad energética de la región.
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El programa también contempla la modernización de las redes de distribución en las tres ciudades y otras mejoras en los sistemas de medición, los centros de control y en ciberseguridad.
El financiamiento forma parte de un paquete de créditos externos que el Gobierno de Rodrigo Paz está negociando con diferentes organismos. El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley sobre créditos externos que suman $540 millones de dólares -también otorgados por el BID- y que ahora están en la Cámara de Senadores para su revisión.
De igual forma, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un crédito de entre 2.500 y 2.800 millones de dólares que podría suscribirse en los próximos días y cuyo primer desembolso llegaría a finales de agosto.
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El monto, si bien es significativamente menor a los 5.000 millones de dólares que apuntaba inicialmente el gobierno boliviano, está destinado a reforzar las reservas internacionales del país en un contexto de crisis por la caída de la renta petrolera y el agotamiento de las reservas.
El acceso a los créditos internacionales ha sido uno de los ejes de discusión en Bolivia desde que se agudizó la crisis económica a inicios de 2023.
Si bien el presidente Paz había descartado inicialmente solicitar créditos internacionales -bajo el argumento de que “si no se roba, el dinero alcanza”-, desde el principio de su mandato ha gestionado créditos con diferentes organismos para obtener recursos externos y ha logrado la aprobación de proyectos de financiamiento heredados de la gestión anterior.
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Según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB) hasta el 20 de junio de este año, la deuda externa pública boliviana llegó a los 14.357,7 millones de dólares, equivalentes al 26,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
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