La liberación de un cabecilla de los Chone Killers derivó en una investigación contra una fiscal en Ecuador

La captura de alias Matón de Daule presentado por el Gobierno ecuatoriano como uno de sus objetivos criminales prioritarios terminó convirtiéndose en un caso que ahora pone bajo escrutinio la actuación de una agente del Ministerio Público. La Fiscalía General del Estado allanó el despacho de una fiscal en Guayaquil después de que esta solicitara medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para Marcos Armando Duarte Arévalo, conocido con los alias Matón de Daule o Pan de Piña, quien recuperó su libertad tras la audiencia de formulación de cargos.

La diligencia se desarrolló en las oficinas de la Fiscalía de Montecristi, en Guayaquil, donde investigadores recopilaron computadoras, teléfonos celulares y otra documentación que será sometida a pericias. El procedimiento busca esclarecer si la actuación de la fiscal durante la audiencia se ajustó a la normativa o si existieron irregularidades que ameriten responsabilidades posteriores. Hasta el momento, la institución no ha informado sobre una formulación de cargos en contra de la funcionaria.

El caso se remonta al 18 de julio, cuando efectivos del Bloque de Seguridad capturaron a Duarte durante un operativo ejecutado en el norte de Guayaquil. De acuerdo con la versión oficial, el sospechoso se movilizaba en un vehículo en el que fueron encontrados un arma de fuego y varias dosis de cocaína.

Tras su detención, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, presentó el procedimiento como un golpe contra las estructuras del crimen organizado y describió al detenido como un objetivo criminal prioritario, además de señalarlo como presunto cabecilla de la organización Chone Killers. Luego de la liberación, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció el allanamiento.

Sin embargo, el desenlace judicial fue distinto al esperado por las autoridades de seguridad. Durante la audiencia de flagrancia, la fiscal del caso solicitó que Duarte enfrentara el proceso con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. El juez acogió ese pedido y dispuso que el procesado se presentara periódicamente ante la autoridad competente y que no pudiera salir del país mientras avanzan las investigaciones.

La decisión provocó cuestionamientos inmediatos desde el Ejecutivo debido al perfil atribuido al detenido y a los antecedentes penales que, según información difundida por las autoridades, incluyen investigaciones y procesos por delitos como homicidio, delincuencia organizada, tráfico de drogas, asociación ilícita, robo e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad.

La controversia escaló cuando la Fiscalía General abrió una investigación sobre la actuación de la agente fiscal y dispuso el allanamiento de su despacho como parte de las primeras diligencias. Durante el operativo también participó el fiscal provincial del Guayas, Wilson Izquierdo. La evidencia electrónica y documental incautada será analizada para reconstruir las actuaciones realizadas antes y durante la audiencia en la que se resolvió la situación jurídica del detenido.

Aunque la diligencia coloca a la fiscal bajo investigación, el allanamiento no constituye una determinación de responsabilidad penal. La finalidad de esta etapa es recopilar elementos que permitan establecer si las decisiones adoptadas respondieron exclusivamente a criterios jurídicos o si existieron actuaciones irregulares que deban ser investigadas.

El episodio se produce en un contexto especialmente sensible para el sistema judicial ecuatoriano. En los últimos años, investigaciones como Metástasis y Purga revelaron presuntas redes de corrupción y vínculos entre operadores de justicia y estructuras del crimen organizado, incrementando el escrutinio público sobre las decisiones adoptadas en procesos relacionados con organizaciones delictivas. Aunque las autoridades no han vinculado el caso de alias Matón de Daule con esas investigaciones, el allanamiento vuelve a situar el desempeño de fiscales y jueces en el centro del debate nacional.

Para el Gobierno de Daniel Noboa, el caso representa además un nuevo punto de fricción entre las operaciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad y las decisiones adoptadas posteriormente dentro del sistema de justicia. En reiteradas ocasiones, funcionarios del Ejecutivo han sostenido que las capturas de presuntos integrantes de organizaciones criminales pierden efectividad cuando los procesados recuperan su libertad en las primeras etapas judiciales.