Ecuador lo capturó como un golpe al narco, pero un juez lo dejó libre cuatro días después: la historia del “Matón de Daule”

Cuatro días después de que el Gobierno ecuatoriano anunciara la captura de uno de los presuntos líderes de la organización criminal Chone Killers como un golpe estratégico contra el crimen organizado, un juez ordenó que el procesado continúe la investigación penal en libertad. La decisión se produjo luego de que la Fiscalía solicitara la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva durante la audiencia de formulación de cargos.

El beneficiado con la resolución judicial es Marcos Armando D. A., conocido con los alias de “Matón de Daule” o “Pan de Piña”, a quien el Bloque de Seguridad identifica como un Objetivo Criminal Priorizado por su presunta participación en la estructura de los Chone Killers, una de las organizaciones delictivas que operan en la provincia del Guayas y que las autoridades vinculan con actividades como narcotráfico, extorsión, sicariato y otros delitos relacionados con la violencia criminal.

La decisión judicial generó atención porque contrasta con el mensaje difundido por el Ejecutivo tras la captura. El pasado 18 de julio, el Ministerio de Defensa informó que militares detuvieron al sospechoso durante un operativo de control realizado en el sector de La Alborada, en el norte de Guayaquil. Según la versión oficial, el hombre se movilizaba en un vehículo que fue interceptado durante un patrullaje, tras lo cual los uniformados verificaron su identidad y procedieron con la aprehensión.

Después del operativo, el Gobierno destacó el procedimiento como parte de la ofensiva emprendida contra las organizaciones criminales desde la declaratoria de conflicto armado interno. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó entonces que las acciones de las fuerzas de seguridad continuarían contra quienes integran estas estructuras y reiteró el mensaje utilizado en distintas ocasiones por el Ejecutivo de que quienes optan por la delincuencia tienen como destino “la cárcel o el infierno”.

Sin embargo, el curso del proceso penal cambió durante la audiencia judicial, según reportó Ecuavisa. En esa diligencia, la Fiscalía no requirió la prisión preventiva del procesado, sino que pidió la imposición de medidas cautelares alternativas. El juez aceptó esa solicitud y resolvió que el investigado permanezca en libertad mientras continúan las actuaciones procesales.

Hasta el 22 de julio no se había difundido el texto íntegro de la resolución judicial ni la fundamentación completa presentada durante la audiencia.

En Ecuador, la prisión preventiva constituye una medida cautelar excepcional y su imposición depende de que la Fiscalía demuestre ante el juez la existencia de los requisitos previstos en la legislación, entre ellos riesgos procesales como la posibilidad de fuga o de obstaculización de la investigación. Corresponde al juez valorar esos elementos antes de resolver la solicitud planteada por el Ministerio Público.

La decisión ha reavivado el debate sobre el tratamiento judicial de personas investigadas por presuntos vínculos con organizaciones de delincuencia organizada. En los últimos años, distintos procesos penales relacionados con estructuras criminales han generado cuestionamientos cuando sospechosos considerados de alta peligrosidad obtienen medidas alternativas a la prisión preventiva durante las primeras etapas de las investigaciones.

Los Chone Killers figuran entre las organizaciones criminales que el Gobierno ecuatoriano incluyó dentro de los grupos catalogados como terroristas tras la declaratoria de conflicto armado interno emitida en enero de 2024. Las autoridades sostienen que esta estructura mantiene disputas por el control de rutas del narcotráfico, puertos estratégicos y actividades ilícitas en varias zonas de la Costa ecuatoriana, especialmente en la provincia del Guayas.

La captura de alias “Matón de Daule” había sido presentada como parte de la estrategia para desarticular las cadenas de mando de estas organizaciones mediante operaciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No obstante, la resolución adoptada durante la audiencia modificó el escenario inicial del caso y dejó al presunto cabecilla afrontando el proceso fuera de prisión.