El Gobierno de Brasil anunció que activará de forma inmediata los trámites para aplicar la ley de reciprocidad como respuesta a los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a determinados productos brasileños. Además, atribuyó la situación a la familia del ex presidente Jair Bolsonaro.
La Presidencia brasileña lo calificó como “un hito lamentable” en la relación bilateral, según un comunicado difundido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes sociales.
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La Administración de Lula rechazó la decisión de la Administración Trump de aplicar “aranceles del 25% a los productos brasileños, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974”.
El comunicado enfatizó: “No existe justificación para adoptar medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio Gobierno estadounidense, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años un superávit de 424.500 millones de dólares en el comercio con Brasil”.
Brasil comunicó que iniciará los trámites para activar los mecanismos que prevé la Ley de Reciprocidad y que volverá a presentar el tema ante el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) abrió hace un año una investigación y concluyó que varias políticas brasileñas son “irrazonables” y limitan el comercio estadounidense. Entre ellas citó el sistema PIX de pagos electrónicos, las leyes anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado de etanol y la deforestación ilegal.
“Brasil no reconoce la legitimidad de investigaciones que no estén amparadas por las normas multilaterales de comercio”, sostuvo el comunicado.
El texto añadió que en 2025, un 76% de las importaciones estadounidenses ingresaron a Brasil sin pagar aranceles y que el gravamen medio real aplicado a esos productos fue del 3,1%.
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El Gobierno de Lula remarcó que nunca se apartó de la mesa de negociación durante el último año y que presentó “pruebas que refutan todas las acusaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales”.
También defendió el sistema de pagos PIX y la regulación de las redes sociales, y afirmó que no renunciará a la protección de las familias y los niños frente a la codicia de “un puñado de ‘tecnooligarcas’”.
Acusaciones a la familia Bolsonaro
El comunicado responsabilizó a la familia Bolsonaro del ‘tarifazo’, en un contexto en el que faltan menos de tres meses para las elecciones presidenciales, que enfrentarán a Lula con Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex mandatario.
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La nota oficial señaló: “Es lamentable constatar que el desafortunado desenlace de las investigaciones basadas en la Sección 301 forma parte de un relato construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro”.
Agregó: “Son falsos patriotas que planearon y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales”.
Actualmente, Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión domiciliaria por un intento de golpe de Estado contra Lula.
Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del ex mandatario, fue condenado recientemente por la Corte Suprema de Brasil a cuatro años de prisión en régimen semiabierto por promover desde Estados Unidos sanciones contra Brasil para obstaculizar el proceso judicial contra su padre.
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Por su parte, Flávio Bolsonaro remitió una carta a la Administración Trump solicitando el aplazamiento de los aranceles hasta después de las elecciones, por considerar que la medida podría beneficiar a Lula.
El Ejecutivo de Lula concluyó: “No se puede amar a Brasil solo cuando se ganan las elecciones. Proteger nuestra soberanía es una obligación que está por encima de todos los partidos y de todas las tendencias. El Gobierno brasileño no vacilará en su deber de preservarla”.
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