La Policía Federal de Brasil presentó ante la Corte Suprema un informe que señaló a 48 personas por su implicación en uno de los mayores fraudes a pensionados y jubilados registrados en el país.
La investigación, que inició en 2023 dentro de la Contraloría General de la Unión y pasó a manos de la Policía Federal este año tras detectarse indicios de delitos, permitió desmantelar una red que desvió 6.300 millones de reales, (unos 1.240 millones de dólares), mediante deducciones irregulares en los beneficios de miles de personas.
El operativo, bautizado “Sem Desconto”, reveló que la estructura criminal descontó, mes a mes, sumas a pensionados y jubilados del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) bajo la excusa de afiliaciones a asociaciones, aunque los beneficiarios nunca autorizaron ni solicitaron ese tipo de vinculación.
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El informe, de 265 páginas, entregado al ministro André Mendonça, detalló la ruta del dinero y la participación de figuras clave como el expresidente del INSS Alessandro Stefanutto, el ex procurador general Virgílio de Oliveira Filho, el exdirector de beneficios André Fidelis y el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido como el “Careca do INSS”.
Según la Policía Federal, Stefanutto, quien asumió la presidencia del Instituto Nacional del Seguro Social de Brasil (INSS) en julio de 2023 tras desempeñarse como director de presupuesto y procurador federal, participó en una organización criminal dedicada al lavado de dinero y la corrupción pasiva.
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Junto a él, otros altos funcionarios del INSS y el presidente de la Confederación Nacional de Agricultores Familiares y Emprendedores Familiares Rurales (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, enfrentaron cargos por delitos similares. Ferreira Lopes permaneció prófugo.
La operación provocó una ola de detenciones preventivas desde diciembre pasado y puso bajo la lupa a empresarios, directivos y lobistas. Entre los indiciados, el “Careca do INSS” desempeñó un rol central en la captación y desvío de fondos, mientras que Stefanutto, además de liderar el organismo, habría facilitado el funcionamiento de la trama desde diferentes posiciones dentro de la administración pública.
Al mismo tiempo, el caso desató una batalla política entre el oficialismo y la oposición. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva atribuyó el origen de los desvíos a la gestión de Jair Bolsonaro, mientras que los aliados del expresidente, que actualmente cumple prisión domiciliaria por otro caso, intentaron vincular las irregularidades al actual mandatario.
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La investigación también alcanzó al hijo mayor de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, por sus supuestos vínculos con el “Careca do INSS”. La Policía Federal y una comisión parlamentaria rompieron sus sigilos bancarios y de comunicaciones para analizar posibles conexiones, aunque el informe presentado el viernes no lo incluyó entre los imputados.
(Con información de EFE)
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