“Se les acabó la fiesta, señores”. Con esa advertencia dirigida a los cabecillas del crimen organizado, el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar Vargas, anunció el endurecimiento de los controles penitenciarios durante la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una nueva megacárcel destinada a albergar a los delincuentes considerados de mayor peligrosidad del país.
Aguilar sostuvo que las organizaciones criminales han logrado mantener estructuras de poder dentro de las prisiones, desde donde algunos de sus integrantes presuntamente continúan coordinando delitos, intimidando a otros reclusos y ejerciendo control sobre determinados pabellones.
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Ante esa situación, el ministro anunció que el nuevo establecimiento funcionará bajo un modelo de disciplina, vigilancia permanente, uniformes obligatorios y estrictos controles sobre los movimientos de los internos.
“El CACCO no va a ser un hotel, no es un lugar de descanso y no será jamás una universidad del crimen. El CACCO es una cárcel de alta contención, construida para los criminales más peligrosos de este país y para que no sigan haciendo daño”, enfatizó.
“Aquí las reglas no las ponen ustedes, delincuentes”.
El ministro aseguró que el Gobierno pretende eliminar las estructuras de poder que algunos privados de libertad han construido mediante amenazas, corrupción y violencia.
Particularmente, mencionó a los denominados “hachudos”, término utilizado en el sistema penitenciario para identificar a internos que ejercen liderazgos negativos y controlan determinadas actividades dentro de los pabellones.
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“Durante demasiados años, algunos delincuentes, los hachudos, creyeron que podían seguir mandando desde las cárceles y seguir operando sus bandas criminales. Eso se acabó, señores”, afirmó.
Según el jerarca, estos liderazgos han permitido que determinados reclusos impongan reglas sobre otros, mantengan mecanismos de intimidación y obtengan beneficios mediante prácticas irregulares.
Aguilar advirtió que la nueva prisión fue diseñada precisamente para impedir ese tipo de situaciones.
“Aquí no habrá hachudos, aquí no habrá líderes de pabellón, aquí no habrá privilegios comprados con amenazas, con corrupción y con violencia”, declaró.
También aseguró que se establecerán medidas destinadas a impedir comunicaciones ilícitas y operaciones criminales realizadas desde los centros penitenciarios.
“Aquí no habrá call centers, ni golondrinas, mucho menos. Habrá uniformes obligatorios, vigilancia permanente, movimientos controlados y una disciplina como nunca antes se ha visto en el sistema de justicia penal de Costa Rica”, sostuvo.
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El funcionario finalizó esa parte de su intervención con otra advertencia dirigida a las personas privadas de libertad que pretendan mantener el control de las instalaciones.
“Aquí las reglas no las ponen ustedes, delincuentes. Las reglas las pone el Ministerio de Justicia y Paz”, expresó.
Funcionarios corruptos también están en la mira del Gobierno
El ministro anunció que las medidas para combatir el crimen organizado también contemplan acciones contra funcionarios públicos que eventualmente colaboren con estructuras delictivas.
Aguilar afirmó que el Gobierno pretende fortalecer los mecanismos para identificar y perseguir prácticas de corrupción que faciliten actividades ilegales dentro de las cárceles.
Según explicó, el nuevo modelo penitenciario busca impedir que las organizaciones criminales obtengan beneficios mediante la intimidación o la colaboración irregular de funcionarios.
“Una etapa en la que los funcionarios corruptos no tendrán cabida y los vamos a perseguir. Y si logramos demostrar que forman parte de estructuras criminales, acabarán en el CACCO también”, advirtió.
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Una megacárcel para aislar a los delincuentes más peligrosos
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado fue como parte de la estrategia de seguridad penitenciaria impulsada por el Gobierno costarricense.
La nueva infraestructura tiene capacidad para 5,100 privados de libertad, distribuidos en cinco módulos, cada uno con espacio para aproximadamente 1,020 internos.
El complejo fue desarrollado en un terreno de 91,000 metros cuadrados, de los cuales 31,000 metros cuadrados corresponden a infraestructura construida.
Las instalaciones cuentan con sistemas de videovigilancia, monitoreo electrónico permanente durante las 24 horas del día, controles reforzados de ingreso y salida y espacios destinados a atención médica y visitas.
El ministro de Justicia adelantó que los primeros traslados comenzarán a finales de octubre, una vez que la Policía Penitenciaria complete los procedimientos de preparación y familiarización con la infraestructura.
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La selección de los internos deberá realizarse mediante evaluaciones individuales y conforme a los criterios establecidos por el sistema penitenciario.
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