La Iglesia Católica de Bolivia y la Defensoría del Pueblo convocaron a un “Pacto social por la paz y la reconciliación”, con el objetivo de buscar soluciones a las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y prevenir un aumento de la violencia.
La propuesta surge después de informarse al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 no recibieron atención médica debido a los bloqueos de carreteras.
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Ambas instituciones intentan mediar en el conflicto promovido por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, organizaciones que solicitan la renuncia de Paz, quien asumió la presidencia hace siete meses.
La convocatoria, de acuerdo con un comunicado, está dirigida “de manera urgente a representantes provinciales y municipales” para “evitar una espiral de violencia, cuyas consecuencias generarían más sufrimiento, profundizarían las divisiones y dejarían heridas difíciles de sanar y reencauzar”.
El documento cuenta con la firma del secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y obispo de El Alto, Giovani Arana, y del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
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La iniciativa busca reunir a distintos actores sociales para identificar alternativas que permitan disminuir la confrontación y construir consensos, con el fin de restablecer el diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados, quienes anunciaron protestas a partir del 1 de mayo y comenzaron los bloqueos el 6 de mayo.
El conflicto ha impactado especialmente en la zona andina de Bolivia, donde entre mayo y junio se registraron 16 muertes: 13 por falta de atención médica a causa de los bloqueos, un manifestante por un disparo durante un operativo policial y otras dos, según la Defensoría del Pueblo, en circunstancias aún no esclarecidas.
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“Exhortamos a todas las partes a deponer toda actitud que evite solucionar el conflicto y a participar de este encuentro con espíritu de reciprocidad y complementariedad. No permitamos que la violencia nos arrebate la esperanza de construir una sociedad justa y armoniosa”, señalaron las instituciones.
La Iglesia Católica, la Defensoría y la Vicepresidencia promovieron recientemente dos reuniones de mediación, en las que solo asistieron representantes del Gobierno, sin la presencia de los líderes de las protestas.
Los dirigentes sindicales y campesinos solicitaron la suspensión de las órdenes de aprehensión en su contra, medida que la Justicia dejó en suspenso. A pesar de esto, no asistieron a las iniciativas de diálogo, en un contexto de crisis que ha generado desabastecimientos y pérdidas económicas estimadas en 2.400 millones de dólares.
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