El presidente Rodrigo Paz dejó abierta este viernes la posibilidad de adoptar nuevas medidas para enfrentar la crisis de bloqueos que afectan al país durante más de un mes, incluida una eventual decisión vinculada al estado de excepción, cuyo marco legal avanzó en la Asamblea Legislativa.
La declaración se produjo en Carreras, al sur de La Paz, después del operativo conjunto de policías y militares que permitió reabrir la ruta de Río Abajo, uno de los principales corredores de abastecimiento para la sede de Gobierno. Ante la consulta sobre los pasos a seguir por el Ejecutivo, Paz respondió: “Lo único que puedo decir es que con el ministro de Defensa y el de Gobierno veremos el siguiente paso”.
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Rodrigo Paz se trasladó a la zona pocas horas después de que las fuerzas del orden, apoyadas por maquinaria pesada y grupos de vecinos, retiraron obstáculos y habilitaron la vía, bloqueada durante más de un mes. Decenas de policías y militares, encabezados por el ministro de Defensa Ernesto Justiniano, trabajaron desde la madrugada para restablecer el tránsito, pese a la resistencia de algunos manifestantes.
En simultáneo, la Cámara de Diputados activó el tratamiento del proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción, aprobado previamente por el Senado. La comisión tratará el proyecto este sábado y, después de ese debate, el tema pasará al pleno de la legislatura para su consideración.
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Durante su intervención, Paz afirmó: “El Senado ha generado un marco legal para las Fuerzas Armadas. Ese marco legal se tiene que debatir en la Cámara de Diputados. El estado de excepción es una acción que permite la Constitución”. También insistió en que el Ejecutivo mantuvo el diálogo como vía prioritaria para resolver el conflicto: “Estamos priorizando la acción humanitaria, la acción del encuentro y la acción del diálogo”.
El presidente reiteró su convocatoria a Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana, y a Vicente Salazar, líder de la Federación Tupac Katari, para que se sentaran en una mesa de negociación. Además acusó al expresidente Evo Morales de intentar instrumentalizar el conflicto social: “Hay un señor que está usando los movimientos sociales y el sufrimiento del pueblo como escalera para defenderse de sus problemas judiciales”.
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La crisis de bloqueos comenzó a principios de mayo con reclamos por gasolina contaminada y luego escaló con demandas salariales y políticas. Los cortes de rutas, impulsados por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana y seguidores de Morales, se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia.
El país acumula más de 30 días con problemas de abastecimiento, dificultades para acceder a servicios de salud y la muerte de al menos 13 personas relacionadas con los efectos de los bloqueos, según cifras oficiales.
La reapertura de la ruta de Río Abajo se presentó como una operación humanitaria para recuperar el ingreso de verduras y otros productos desde los valles paceños hacia los mercados de La Paz y El Alto. Cientos de habitantes debieron caminar durante horas hasta los campos de cultivo ante la escasez y el aumento de precios, que se multiplicaron hasta por cinco. Vecinos como Alejandro Calvin expresaron: “Hemos sido rehenes 33 días por los bloqueadores”.
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El conflicto también afectó el suministro de combustibles y medicamentos, en particular oxígeno para hospitales, y paralizó el transporte en la capital política de Bolivia. Los operativos de desbloqueo, realizados por fuerzas del orden sin armas letales, habilitaron temporalmente algunas vías, pero los bloqueos regresaron tras el retiro de los uniformados.
Además, entre los datos de esta crisis en el país, el sector empresario calculó en dos mil millones de dólares las pérdidas ocasionadas por las protestas. El gobierno de Paz recibió apoyo humanitario internacional para trasladar alimentos a las zonas afectadas.
El respaldo más significativo provino del gobierno estadounidense, cuyo secretario de Estado Marco Rubio conversó telefónicamente con Paz, quien también firmó el Escudo de Américas, una iniciativa multinacional para coordinar la lucha contra organizaciones criminales.
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En este contexto del país, Paz designó a Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa, quien aseguró: “Llego a esta nueva función para respaldar institucionalmente a nuestras Fuerzas Armadas y contribuir a que el país recupere paz, orden y convivencia democrática”. Además, añadió: “Firmeza con legalidad no es abuso, diálogo con responsabilidad no es debilidad, el rumbo es claro, cuidar a la gente, respaldar a nuestras instituciones y ayudar a recuperar la estabilidad que el país necesita”.
Los bloqueos, además de debilitar la autoridad pública, abren espacios para el narcotráfico y el financiamiento criminal, según el gobierno. Paz denunció la captura de personas con sumas de dinero destinadas a alimentar las movilizaciones y vinculó estas actividades con quienes buscan impedir el nacimiento de una nueva Bolivia.
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Por ahora, el presidente sostuvo la disposición al diálogo, pero dejó en claro que evaluará junto a sus ministros eventuales medidas de mayor alcance si la crisis seguía escalando.
(Con información de El Deber y EFE)
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