A cinco años de prohibir el outsourcing, Buen Gobierno contrata cooperativa de limpieza y se despide de subcontratos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno celebró la contratación de “Agua Limpia”, una cooperativa de limpieza que busca dejar atrás los subcontratos e implementar un modelo más justo, incluyente y eficiente para los empleados.

Esta medida marca un giro en la política laboral del sector público y responde a las reformas legales que buscan democratizar el acceso a los contratos gubernamentales.

En abril de 2025, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público fue modificada para abrir la participación a cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas. A partir de estas modificaciones, la contratación de servicios de limpieza por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se realizó bajo el modelo cooperativista en abril de 2026, convirtiéndose en una de las primeras dependencias en adoptar este esquema.

De la subcontratación a la autogestión de servicios

La cooperativa que brinda el servicio de limpieza está conformada principalmente por quienes anteriormente trabajaban bajo el esquema de subcontratación. Ahora, esas personas participan como socias y protagonistas en la organización, con voz y voto en las decisiones sobre su trabajo y la operación del servicio. Este modelo transforma la relación laboral y fortalece su autonomía económica.

Bajo el modelo anterior, las trabajadoras y trabajadores enfrentaban incertidumbre en los pagos, interrupciones en la seguridad social y ausencia de reparto de utilidades. En muchos casos, debían invertir recursos propios en insumos y equipo para desempeñar sus tareas. La nueva dinámica, basada en la gestión cooperativa, garantiza mejores condiciones salariales, certeza en los pagos, acceso continuo a la seguridad social y provisión suficiente de equipo e insumos para la limpieza.

Cambios en las condiciones laborales y en la gestión pública

La transición al modelo cooperativista no solo modifica la relación entre empleador y trabajador, sino que exige a la cooperativa desarrollar nuevas capacidades organizativas y administrativas. Para ello, se ha establecido un acompañamiento interinstitucional progresivo que fortalece la autogestión y contribuye a consolidar a la cooperativa como proveedor confiable y eficiente del gobierno federal.

La contratación de la cooperativa de limpieza representa un avance hacia un modelo de compras públicas enfocado en la justicia social y en el fortalecimiento de una economía sustentada en la participación colectiva. El objetivo es que la proveeduría pública deje de ser un espacio cerrado para grandes empresas intermediarias y se convierta en una herramienta para distribuir los beneficios económicos entre quienes prestan efectivamente los servicios.

Cinco años de la prohibición del outsourcing y nuevos retos

La reforma laboral que prohibió el outsourcing en 2021 eliminó la figura de la subcontratación en la mayoría de los sectores y obligó a las empresas a contratar directamente a sus trabajadores. Entre los problemas identificados antes de la reforma, figuraban la discriminación laboral, prestaciones inferiores y falta de estabilidad, como documentaron organizaciones laborales y reportes públicos durante los años previos a la prohibición.

Cinco años después, el modelo cooperativista aplicado a los servicios de limpieza en el sector público ofrece una alternativa concreta a la tercerización tradicional. La participación directa de las y los trabajadores en la gestión de la cooperativa contribuye a mejorar sus condiciones laborales y a consolidar una relación más equitativa con las instituciones del Estado.

La experiencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abre la puerta a replicar el esquema en otras dependencias y servicios, como mantenimiento, jardinería o seguridad, donde históricamente han predominado contratos con empresas intermediarias. Este modelo busca demostrar que es posible contratar servicios públicos bajo principios de equidad y eficiencia, beneficiando tanto a las instituciones como a las personas que hacen posible la operación cotidiana del gobierno.