Avanza el proceso de remoción del alcalde de Guayaquil, que sigue recluido en una cárcel de máxima seguridad

El proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, entró el 2 de junio en la fase probatoria, con un plazo de diez días hábiles para que las partes presenten pruebas de cargo y descargo. A Álvarez se lo investiga en el caso Triple A y en el caso Goleada. Desde febrero, el alcalde está en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

El trámite es conocido por la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Municipio de Guayaquil, que confirmó la apertura de esta etapa tras la notificación al alcalde y el reconocimiento de su defensa técnica. Según el Municipio de Guayaquil, desde el 2 de junio corre el plazo para la presentación de cargos y descargos dentro del proceso administrativo de remoción.

Esta fase es considerada decisiva porque permitirá que la defensa de Álvarez, quien permanece en prisión preventiva desde hace más de tres meses, presente los elementos con los que buscará responder a la denuncia admitida por la Comisión. Una vez cumplido el periodo probatorio, la Comisión de Mesa tendrá cinco días para elaborar un informe con sus conclusiones y convocar a una sesión del Concejo Cantonal. En esa instancia, los concejales deberán conocer el expediente y resolver si procede o no la remoción del alcalde.

El proceso se inició después de que la Comisión de Mesa admitiera una de las tres denuncias presentadas contra Álvarez. Según El Universo, las otras solicitudes no avanzaron, mientras que la denuncia actualmente en trámite activó la ruta prevista en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD.

La tramitación tuvo retrasos por la situación judicial del alcalde. Primicias informó que la fase probatoria pudo avanzar luego de que se destrabara la designación de su defensa técnica. Álvarez nombró como abogados a Ramiro García y David Norero, quienes fueron reconocidos para actuar dentro del expediente administrativo.

Antes de esta etapa, la Comisión había advertido sobre posibles riesgos de nulidad si el proceso continuaba sin garantizar la defensa técnica del alcalde. Según Primicias, ese punto fue considerado relevante para resguardar el debido proceso y evitar cuestionamientos posteriores sobre la validez del trámite.

Álvarez permanece detenido desde febrero de 2026 por el caso Goleada. La Fiscalía lo vinculó a una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Ese proceso penal es independiente del trámite administrativo de remoción que se sigue en el Municipio de Guayaquil.

La situación judicial del entorno familiar del alcalde también ha cobrado relevancia en las últimas semanas. El 29 de mayo, durante la audiencia de vinculación del denominado caso Goleada, la Fiscalía incorporó al proceso a Gioconda Henriques, madre de Aquiles Álvarez; a su esposa, Fiorella Icaza; a sus primos Fernando y Andrés Viteri Henriques; y a una contadora relacionada con las empresas investigadas. Según la hipótesis fiscal, estas personas habrían participado en operaciones societarias y patrimoniales que ahora forman parte de la investigación por presunto lavado de activos.

Durante la diligencia, el fiscal Dennis Villavicencio sostuvo que la madre y los primos del alcalde habrían recibido acciones, capitales y bienes vinculados a compañías bajo investigación. La Fiscalía expuso que varias transferencias se habrían realizado después de que los involucrados conocieran la existencia de investigaciones relacionadas con el caso Triple A, que posteriormente derivó en la causa Goleada.

Entre los elementos presentados por la Fiscalía constan transferencias de vehículos, inmuebles y participaciones empresariales. Según la acusación, Gioconda Henriques figura en operaciones relacionadas con vehículos valorados en cientos de miles de dólares, así como en adquisiciones de bienes inmuebles. Asimismo, la Fiscalía señaló que Fiorella Icaza aparece vinculada a la compra de departamentos y a una promesa de compraventa de una estación de servicio. Los abogados de los procesados han rechazado las acusaciones y sostienen que se trata de transacciones legales y debidamente justificadas dentro de la actividad empresarial del grupo familiar.

La investigación penal es independiente del proceso de remoción que actualmente se tramita en el Municipio de Guayaquil, aunque ambos procedimientos avanzan de forma paralela y mantienen al alcalde y a su círculo familiar bajo escrutinio judicial y político.

El alcalde también enfrenta el caso Triple A, relacionado con presunta comercialización ilegal de combustibles. Sin embargo, la remoción municipal no decide sobre la responsabilidad penal del funcionario, sino sobre su permanencia en el cargo bajo las causales previstas en la normativa local.