La Justicia boliviana aclara que la suspensión de las órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales no es “definitiva”

La Justicia boliviana está en una ida y vuelta con la situación jurídica de los dirigentes de las protestas sociales que han paralizado el país con bloqueos desde hace casi un mes.

La semana pasada, se anularon órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari, Vicente Salazar, quienes habían condicionado su asistencia a una mesa de diálogo a que quedaran sin efecto los mandamientos de captura en su contra.

Sin embargo, pese a que se aceptó esa demanda, ninguno de los dos dirigentes se presentó al espacio convocado el domingo por el vicepresidente Edmand Lara con mediación de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos.

El lunes, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Margoth Pérez, afirmó que la decisión judicial que anuló las órdenes de aprehensión no es “definitiva” y que el proceso puede seguir su curso.

Citada por medios locales, Pérez explicó que la determinación asumida en una audiencia de Acción de Libertad observó aspectos relacionados con la fundamentación de los mandamientos emitidos por el Ministerio Público, por lo que la Fiscalía aún tiene la posibilidad de reactivar los procesos. “Entonces, no es una suspensión definitiva porque mediante Acción de Libertad no se ha determinado eso”, afirmó Pérez en declaraciones recogidas por el periódico La Razón.

Según explicó, una vez que la Fiscalía cumpla con las observaciones realizadas por el tribunal constitucional, podrá volver a solicitar la ejecución de las medidas. “En cualquier momento el Ministerio Público, cuando cumpla lo que la acción de libertad ha determinado, puede hacerlo directamente”, afirmó.

Para el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, estos actos suponen una vulneración del Código de Procedimiento Penal y revelan el sometimiento de la justicia al poder político.

“No existe en este momento la independencia de órganos”, manifestó en diálogo con Infobae y afirmó que “la Justicia no debió aceptar que se exija un fallo judicial y se deje sin efecto un mandamiento de aprehensión (…) es un antecedente para que en el proceso se favorezca a quien ha cometido un delito y es terriblemente dañino para la democracia”, afirmó. Según Santistevan, la anulación de las órdenes de captura y su posible reactivación agravan el conflicto “porque entra un poder más, un poder que debería ser autónomo”.

Los procesos abiertos contra Argollo y Salazar están relacionados con los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, entre ellos los disturbios del 18 de mayo en los que se reportaron daños a instituciones públicas, saqueos a comercios y agresiones a civiles en la sede de Gobierno.

Bolivia cumple este martes 27 días de bloqueos que han paralizado parte del país con cortes de carreteras. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se registran al menos 90 puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos. Los movilizados, un grupo heterogéneo conformado por campesinos del altiplano y los valles, obreros sindicalizados y cocaleros del Trópico de Cochabamba, principalmente, exigen la renuncia de Paz a quien cuestionan por algunas políticas públicas y acusan de gobernar de manera excluyente en favor de las élites empresariales.

Pese a los intentos de diálogo del Gobierno, de momento no hay miras de lograr una salida consensuada a la crisis. Mientras el presidente Paz ha manifestado que en “cortos días” se resolverá el conflicto sobre “acuerdos grandes” y “reconciliación”, hay quienes le exigen que dicte estado de excepción para restablecer el orden y el libre tránsito en el país.

Sin diálogo y sin medidas de fuerza pública, en las últimas horas surgió la propuesta de realizar un referéndum revocatorio, pero algunos analistas observan que la medida es inconstitucional porque éste se permite solo a partir de la segunda mitad del mandato de cinco años y Paz lleva menos de siete meses en el cargo.

El diputado centrista de Unidad, Carlos Alarcón, impulsor de la propuesta, ha planteado una ley de “referéndum revocatorio extraordinario” para poner fin al prolongado conflicto cuyas consecuencias económicas y sociales trascenderán el momento coyuntural.