Cómo es el programa de drones militares de la dictadura cubana

La adquisición de más de 300 drones militares de Rusia e Irán por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba ha puesto de nuevo bajo el foco internacional las capacidades y la doctrina militar de la isla. Según fuentes de inteligencia consultadas por Axios, estos equipos, de origen ruso e iraní, se compraron desde 2023 y el régimen cubano analiza su eventual uso contra objetivos militares estadounidenses, como la Base Naval de Guantánamo o instalaciones en Cayo Hueso, Florida, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.

Las autoridades de la isla, encabezadas por el dictador Miguel Díaz-Canel y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, han invocado el derecho a la legítima defensa, aunque sin negar la posesión de estos sistemas. Rodríguez, de hecho, amenazó con un “baño de sangre” si Washington ejecuta una acción militar contra el régimen castrista.

Este posicionamiento, no obstante, implica un tácito reconocimiento de que las FAR disponen de este tipo de armamento. Diversos analistas señalan que el argumento defensivo pierde solidez al examinar la naturaleza de los drones adquiridos, su procedencia y la cronología de su incorporación a las fuerzas cubanas.

La doctrina militar cubana se estructura sobre la premisa de la disuasión asimétrica, que busca dispersar las limitadas capacidades del país y emplear medios económicos para generar ataques de saturación. En ese contexto, los drones han adquirido un papel central por su bajo costo y versatilidad.

Un análisis del portal El Toque señala que el interés de las FAR por este tipo de tecnología precede a 2023 y responde a una política de cooperación con naciones como Irán, Rusia, Argelia, Bielorrusia, Venezuela y Vietnam. Además, existen señales de que la propia industria militar cubana ha desarrollado capacidad para ensamblar y modificar drones.

En 2012, el entonces director general de la empresa estatal Minsk Aircraft Overhaul Plant de Bielorrusia, Yevgeny Vaitsekhovich, declaró a medios locales que existía un proyecto conjunto con la dictadura cubana para el ensamblaje de drones Sterkh-BM. Este modelo, con un peso de 65 kilogramos y un alcance de hasta 240 kilómetros, representa uno de los primeros pasos documentados en la transferencia de tecnología de vehículos aéreos no tripulados a la isla, aunque no se ha confirmado si opera en las FAR.

La colaboración militar entre los regímenes de Cuba y Bielorrusia se ha fortalecido en los últimos años. En 2024, el ministro de las FAR, Álvaro López Miera, visitó instalaciones militares en suelo bielorruso, donde inspeccionó varios tipos de drones, según reportó el Ministerio de Defensa de ese país. Entre los sistemas analizados se encuentran modelos de fabricación rusa y bielorrusa como Irkut, Orlan, Supercam, Formula, VR-12, Moskit y Busel.

En el caso de Argelia, el Centro de Investigación en Tecnologías Industriales (CRTI) ha desarrollado al menos cinco variantes de la serie Amel hasta 2021. En 2024, el viceministro de las FAR, Joaquín Quintas Solá, visitó ese país para reforzar la cooperación militar, aunque no existen evidencias de que la isla cuente con drones argelinos en su inventario.

Por su parte, Vietnam ha impulsado la fabricación de drones de ataque como el BXL.01 y el QXL.01 en la planta Z131, dentro de un marco de colaboración técnica y modernización armamentística que incluye áreas como la defensa antiaérea, guerra electrónica y tropas especiales. El BXL.01 destaca como un dron suicida capaz de transportar proyectiles de carga hueca y destruir vehículos blindados.

El régimen de Venezuela, principal aliado de la dictadura cubana, dispone de drones iraníes ensamblados localmente, como el Mohajer-2 rebautizado Antonio José de Sucre-100 (ANSU-100), que se exhibió públicamente en un desfile militar de 2022. La relación militar entre ambos países ha sido estrecha, aunque la llegada de estos sistemas a las fuerzas armadas cubanas no ha sido confirmada oficialmente.

Si bien no existe evidencia pública directa sobre los modelos rusos o iraníes en manos de las FAR, las fuentes consultadas por Axios apuntan a drones con características y alcances similares a los más empleados en el conflicto de Ucrania. Entre estos sobresalen los iraníes Shahed-136, Arash-2, Mohajer-6 y el ruso Geran-2.

El Shahed-136, de fabricación iraní, cuenta con un alcance de entre 2.000 y 2.500 kilómetros, puede transportar una ojiva de 40 a 50 kilogramos y opera a velocidades de crucero entre 180 y 185 kilómetros por hora. El ruso Geran-2 ofrece prestaciones equivalentes. El Mohajer-6, más sofisticado y costoso, integra sensores electro-ópticos e infrarrojos y puede portar hasta cuatro municiones guiadas de precisión.

En cuanto a precios, fuentes abiertas citadas por Axios estiman que el Shahed-136, el Arash-2 y el Geran-2 oscilan entre 10.000 y 80.000 dólares cada uno. El Mohajer-6 resulta más caro, con valores que pueden alcanzar varios millones de dólares, dependiendo de la configuración.

El Arash-2 se destaca por una autonomía de vuelo de hasta 30 horas y una velocidad máxima que varía entre 180 y 480 kilómetros por hora, lo que lo convierte en un sistema capaz de ejecutar ataques de largo alcance sin necesidad de bases próximas al objetivo.

Gran parte de los drones observados en Cuba corresponden a modelos comerciales de origen chino modificados para funciones de vigilancia y reconocimiento, según el propio Ejército Central. Las instituciones educativas de las FAR incorporaron en los últimos años la formación en Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), lo que indica un proceso de profesionalización en el uso de estos sistemas.

Durante el ejercicio Meteoro 2025, el dictador Díaz-Canel visitó la Empresa Militar Industrial (EMI) Yuri Gagarin, donde se presentaron drones destinados a la extinción de incendios y, en algunos casos, adaptados para lanzar pequeñas granadas de mortero, como mostró el programa FARVISIÓN. Esto evidencia que las FAR poseen capacidad de ensamblaje, modificación y mantenimiento de drones en territorio nacional.

La naturaleza ofensiva de los drones y el debate sobre la defensa legítima

El despliegue de drones armados plantea interrogantes sobre su carácter defensivo. A diferencia de los sistemas antitanques, antiaéreos o de alerta temprana, los drones armados son herramientas diseñadas para proyectar fuego a distancia sobre objetivos enemigos. Desde el punto de vista técnico-militar, esto los sitúa como armas ofensivas o de interdicción.

De acuerdo con el análisis presentado en Axios, “presentar drones armados como ‘medios defensivos’ supone una confusión conceptual sobre los principios básicos de la doctrina militar o una deliberada distorsión del lenguaje para consumo político interno”. El hecho de que un Estado con menor capacidad militar utilice drones no modifica su función táctica: lanzar ataques a distancia implica un rol ofensivo, no defensivo.

La secuencia temporal de la adquisición de estos sistemas también desmiente la narrativa oficial. El proceso de incorporación de drones armados requiere años de planificación: desde la identificación de necesidades, selección de proveedores, transferencia de tecnología y entrenamiento, hasta la integración doctrinal. Por tanto, la presencia actual de estos drones en las FAR no responde a una reacción inmediata ante presiones externas, sino a una estrategia de desarrollo armamentístico previa.

El Toque contrasta el caso cubano con el caso de Taiwán. Bajo una amenaza militar real y prolongada del régimen de China, Taipéi anunció de forma transparente la adquisición del misil Barracuda-M, un sistema de contragolpe diseñado para impedir una invasión. El proceso fue público, sometido a debate legislativo y justificado doctrinalmente como medida de disuasión proporcionada.

La diferencia con el modelo cubano es clara: en Cuba, la adquisición de drones se realiza en secreto, la amenaza invocada aparece a posteriori y el destino real de estos recursos resulta opaco para la sociedad.

La existencia de un programa de drones armados en Cuba contradice la retórica oficial sobre política exterior pacífica, cooperación sur-sur y prioridad del gasto social en un contexto de crisis.

Un Estado que no representa amenaza para sus vecinos no requiere sistemas de proyección de fuego a larga distancia. Invertir recursos escasos en armamento ofensivo resulta difícilmente justificable ante la población en medio de una emergencia humanitaria, como el caso de Cuba. La consolidación de este programa revela que el verdadero destinatario de estas capacidades podría ser, además del posible adversario externo, la propia sociedad cubana y la estabilidad regional.