El Ministerio Público de Brasil solicitó la condena de Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, por el delito de coacción contra los jueces del Supremo Tribunal Federal que intervinieron en el proceso judicial contra su padre, acusado de impulsar un golpe de Estado en 2022.
El fiscal general Paulo Gonet presentó el alegato final ante el magistrado Alexandre de Moraes, resaltando que el exdiputado utilizó su influencia política e internacional para impulsar sanciones extranjeras contra los magistrados brasileños.
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Eduardo Bolsonaro, según la Procuraduría General de la República, viajó a Estados Unidos con el objetivo de presionar al Gobierno de ese país para que adoptara medidas punitivas contra integrantes de la Corte Suprema de Brasil.
El magistrado Alexandre de Moraes resultó incluido en una lista estadounidense de violadores de derechos humanos, lo que derivó en el bloqueo de bienes y cuentas en territorio norteamericano. Además, la administración estadounidense impuso aranceles del 50 % sobre buena parte de las importaciones brasileñas, argumentando una persecución política contra Jair Bolsonaro.
El informe del fiscal general detalló que la campaña liderada por Eduardo Bolsonaro pretendía beneficiar a su padre, quien recibió una condena de 27 años de prisión por su intento de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, en las que Luiz Inácio Lula da Silva resultó electo.
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Las presiones internacionales y las sanciones impuestas no evitaron la sentencia contra Jair Bolsonaro, quien permanece condenado por el máximo tribunal.
La acción penal contra Eduardo Bolsonaro se formalizó tras la aceptación de la denuncia por parte de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal en noviembre del año pasado, con el voto favorable de los ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia.
En febrero, el tribunal formalizó la apertura del proceso judicial en su contra. La denuncia se presentó en el contexto del mismo expediente en el que la Policía Federal acusó también a Jair Bolsonaro, aunque la Procuraduría General no lo incluyó en esta causa particular.
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El tribunal concedió un plazo de quince días a la Defensoría Pública de la Unión para que presentara las alegaciones finales de la defensa de Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde hace más de un año. El exdiputado se consideró un perseguido político, argumento que forma parte de su estrategia de defensa.
Con respecto a Jair Bolsonaro, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, suspendió el sábado pasado de manera provisional la ley que buscaba reducir las condenas del ex presidente y otros implicados en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. La decisión frenó la aplicación inmediata de la norma y mantiene en suspenso las solicitudes de reducción de pena hasta que el tribunal analice la constitucionalidad del proyecto.
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La medida fue adoptada tras demandas de partidos de izquierda, quienes cuestionaron la legalidad de la ley conocida como Dosimetría. Mientras tanto, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión como uno de los principales responsables del ataque al orden democrático, deberá esperar la resolución definitiva del Supremo para conocer si su condena será modificada.
(Con información de EFE)
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