El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro presentó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario para intentar anular la condena de 27 años de prisión impuesta por su participación en la trama golpista que buscó impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
La defensa del líder ultraderechista, condenado en septiembre del año pasado y desde marzo bajo prisión domiciliaria por razones de salud, solicitó una "revisión criminal" argumentando que existió un "error judicial" durante el proceso que llevó a la condena, dictada por la sala primera del Supremo Tribunal Federal (STF).
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El recurso fue presentado el mismo día en que el Congreso brasileño promulgó una ley que prevé la reducción de las penas para quienes fueron condenados por golpismo en Brasil, incluyendo al ex mandatario.
La solicitud no se apoya en la nueva ley, que no menciona, y busca la anulación total del proceso en el que Bolsonaro fue declarado culpable de liderar el intento para impedir la toma de posesión de Lula, vencedor en las presidenciales de 2022.
En el recurso, los abogados sostienen que, debido a su condición de ex presidente, Bolsonaro debió ser juzgado por el pleno de la máxima corte y no por una de sus salas, cuestionan la validez de ciertos testimonios y denuncian que la defensa no tuvo acceso completo a las pruebas reunidas por los investigadores.
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Además, afirman que no existen pruebas que demuestren que Bolsonaro ordenó o coordinó los actos violentos del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes invadieron y causaron destrozos en las sedes de los tres poderes en Brasilia.
La defensa también solicitó que el recurso sea evaluado por magistrados de la segunda sala del Supremo, entre ellos André Mendonça y Nunes Marques, ambos nombrados por Bolsonaro durante su mandato.
La revisión criminal es un mecanismo excepcional para cuestionar sentencias firmes y no suspende automáticamente el cumplimiento de la pena.
La propia Corte ya ha rechazado recursos similares presentados por otros condenados por los ataques del 8 de enero.
La iniciativa coincidió con la promulgación de la ley que habilita la revisión de las condenas a responsables de intentos golpistas, una norma impulsada por sectores conservadores que puede reducir las penas para los sentenciados, incluyendo a Bolsonaro.
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La nueva legislación fija criterios para recalcular condenas cuando los jueces consideren que las penas aplicadas resultaron desproporcionadas en relación con el grado de participación de cada acusado.
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