La Confederación de Choferes de Bolivia convocó a una huelga del transporte público este martes para exigir el abastecimiento y mejoras en la calidad del combustible, la celeridad en el resarcimiento económico de daños vehiculares atribuibles a la gasolina y el mantenimiento de la infraestructura vial, entre otros puntos.
La medida de presión, que incluye bloqueos de calles y avenidas por 24 horas, fue respaldada por algunos gremios departamentales, pero sin lograr consensos. En Santa Cruz de la Sierra algunas federaciones decidieron no acatar la medida y en las primeras horas de la mañana la circulación de vehículos era normal.
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En tanto, en otras ciudades como La Paz y El Alto, los medios locales reportaban bloqueos y la ausencia de buses del transporte público. Según la convocatoria a la huelga, se tienen planificados cerca de 90 puntos de bloqueo en ambas ciudades.
El Gobierno ha vuelto a convocar al sector a una mesa de diálogo tras la inasistencia a una reunión prevista este lunes y afirma que está trabajando para dar respuesta a todas las demandas del sector.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, explicó que se regularizó el suministro de diésel —que había sido escaso en las últimas semanas por la alta demanda del sector productivo— y que revisó personalmente que el pago de las compensaciones al autotransporte afectado se realice de manera oportuna.
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Por otro lado, aseguró que se han asegurado 125 millones de dólares para un plan de mantenimiento vial, que será enviado a la Asamblea Legislativa en los próximos 21 días para su aprobación mientras se inician algunas obras en las carreteras. “Las carreteras necesitan tiempo y una planificación adecuada para superar los daños del pasado”, manifestó Zamora en conferencia de prensa.
Sin embargo, para algunos choferes las respuestas del Ejecutivo son insuficientes y reclaman la presencia del presidente Rodrigo Paz. “El Gobierno nacional solo ha firmado actas; queremos reunirnos con el presidente del Estado y, en caso de que no ocurra, vamos a masificar la medida”, manifestó el dirigente del Transporte Libre, Limbert Tancara, en entrevista con el canal Unitel.
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El tema del combustible es uno de los problemas más complejos que heredó la administración de Paz. Tras un par de años de irregularidades en el abastecimiento debido a la baja producción local y dificultades de importación en medio de la crisis económica, el nuevo gobierno determinó en diciembre quitar la subvención al diésel y la gasolina.
Esta medida se tradujo en el aumento del precio de los carburantes, afectó las redes de contrabando que se habían formado en los últimos años y permitió garantizar su distribución.
Sin embargo, pocas semanas después surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina y cientos de usuarios denunciaron daños vehiculares atribuibles al combustible. El Gobierno no tardó en admitir que había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero sin responsabilizarse por su origen y ofreciendo versiones distintas que van desde residuos tóxicos en tanques hasta la existencia de redes de “sabotaje” internas y externas.
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El asunto se agravó en las últimas semanas con denuncias de escasez de diésel y supuestas demoras en el pago de un seguro de resarcimiento de daños vehiculares que el Gobierno creó en medio de la crisis.
Este conflicto también estuvo marcado por la inestabilidad institucional: en cinco meses de Gobierno, Paz tuvo dos ministros de hidrocarburos, tres presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en busca de rumbo para reestructurar el sector.
El presidente Paz ha manifestado en una publicación en redes sociales “no pueden pretender que resolvamos en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años”, en referencia al manejo del sector durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y afirmó que no le teme a las protestas sociales.
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“Yo no le tengo miedo a las movilizaciones”, aseguró el jefe de Estado el viernes. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.
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