Fiscalía de Ecuador pidió fecha para procesar a 21 personas por el Caso Apagón y excluyó al ministro Roberto Luque

La Fiscalía General del Estado solicitó a un juez que fije día y hora para la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas en el denominado Caso Apagón, una investigación por presunto peculado vinculada a los contratos firmados durante la crisis eléctrica que atravesó Ecuador en 2024, cuando el país enfrentó apagones de hasta 14 horas diarias no consecutivas.

Entre los principales señalados figuran el exgerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, y el exministro de Energía, Antonio Goncalves, junto con otros 19 funcionarios y exfuncionarios relacionados con la toma de decisiones en ese período.

El pedido de la Fiscalía marca un punto de inflexión en el proceso, ya que abre la puerta a la judicialización formal del caso. La audiencia de formulación de cargos es la instancia en la que el Ministerio Público expondrá los elementos de convicción recopilados durante la fase de investigación previa y solicitará que los involucrados sean procesados penalmente por el presunto uso indebido de recursos públicos.

El caso se origina en la emergencia energética declarada por el Gobierno ecuatoriano en 2024, en medio de un severo estiaje que redujo la generación hidroeléctrica —principal fuente de energía del país— y obligó a implementar apagones programados en varias ciudades. Para enfrentar la crisis, el Estado impulsó la contratación urgente de generación termoeléctrica a través de la empresa estatal Celec.

En ese contexto, se firmaron contratos con la compañía estadounidense Progen Industries LLC para la instalación de generación térmica en zonas estratégicas como Quevedo y El Salitral. Sin embargo, los proyectos no se ejecutaron conforme a lo previsto, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad, eficiencia y transparencia de los procesos de contratación.

La Contraloría General del Estado identificó indicios de responsabilidad penal y estableció un presunto perjuicio económico que oscilaría entre los USD 100 y 140 millones. Estos hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía, que inició una investigación por peculado, un delito que sanciona el uso indebido o la apropiación de fondos públicos por parte de funcionarios.

Como parte de las diligencias, durante 2025 se realizaron allanamientos en oficinas públicas y domicilios de funcionarios vinculados al sector eléctrico. También se recabaron decenas de versiones y se analizaron documentos contractuales, informes técnicos y flujos financieros relacionados con los proyectos.

Uno de los elementos más relevantes del avance del caso es la exclusión del actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien se desempeñó como ministro encargado de Energía durante parte de la crisis. A pesar de haber sido mencionado en el debate público, la Fiscalía no lo incluyó en la lista de personas para la formulación de cargos.

Según declaraciones del propio funcionario, durante la investigación se tomaron más de 60 versiones y se revisó su información patrimonial sin que se encontraran indicios de responsabilidad penal. La decisión de no procesarlo ha sido interpretada como un intento de la Fiscalía de delimitar el caso a las decisiones operativas y administrativas directamente vinculadas a los contratos cuestionados.

El Caso Apagón se inscribe en un contexto más amplio de crisis institucional en el sector energético ecuatoriano, caracterizado por la dependencia de la generación hidroeléctrica, la falta de inversión sostenida en infraestructura y la recurrencia de medidas de emergencia ante eventos climáticos extremos. La urgencia por evitar cortes prolongados de electricidad llevó a la adopción de decisiones aceleradas que ahora están bajo escrutinio judicial.

El caso evidenció los riesgos asociados a los regímenes de excepción en la contratación pública. La declaratoria de emergencia permitió procesos más ágiles, pero también redujo los controles previos, lo que, según los organismos de control, habría facilitado irregularidades en la asignación y ejecución de los contratos.

La fijación de la audiencia de formulación de cargos definirá el inicio de la etapa procesal penal, en la que los jueces deberán evaluar si existen méritos suficientes para iniciar un juicio. En ese escenario, los procesados podrían enfrentar medidas cautelares y eventuales responsabilidades penales, dependiendo del desarrollo de la causa.