Chile: el gobierno de Kast negocia con la oposición para aprobar su Plan de Reconstrucción

Este lunes el ministro de la Segpres, José García Ruminot, se reunirá en la sede del Congreso en Santiago con dirigentes del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), a fin de acercar posiciones y sacar adelante el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno, ley miscelánea que ya fue ingresada al Congreso y se encuentra en una etapa decisiva de su trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Ello, luego que las tratativas con el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Nacional Libertario (PNL) llegaran a buen puerto, asegurando los votos para aprobar la idea de legislar en la Cámara baja.

Sin embargo, las negociaciones con el PC y el FA se prevén más duras, pues ambos partidos han planteado reparos a la iniciativa y piden que se separen las medidas tributarias de las de reconstrucción. Además, parlamentarios de diversos partidos de oposición analizan presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de declarar el Plan de Reconstrucción, precisamente, inconstitucional.

A pesar de ello, en el oficialismo están optimistas, tal como lo señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien sostuvo que el objetivo del Gobierno es que "la idea de legislar se apruebe por 12 votos más de los que necesita, de 78 pasar a 90″.

Ello, puesto que “la señal es importante, de que el país valora el crecimiento, de que el país quiere atraer inversión extranjera (...) Si usted aprueba un proyecto tan importante como este por un voto, la señal al inversionista es que en tres años y medio mas cambia el color del Gobierno y se pueden retrotraer todas las medidas“.

Requerimientos ante el TC

En paralelo, parlamentarios de distintos partidos de oposición estudian presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), argumentado supuestos vicios de inconstitucionalidad en el “megaproyecto” que agrupa cerca 43 medidas económicas, tributarias y regulatorias.

Desde la oposición critican que el plan incluya rebajas de impuestos (como la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%) y beneficios que consideran un “traje a la medida” para el gran empresariado, calificándolo de “reforma tributaria encubierta”.

Además, cuestionan el formato del proyecto, que mezcla materias dispares (impuestos, regulación ambiental, vivienda, educación) en un solo texto, lo que a juicio de la oposición limita el debate democrático y el rol del Congreso.

Asimismo, han levantado alertas por la reducción de la gratuidad en la educación superior y modificaciones al financiamiento estudiantil, advirtiendo que defenderán este derecho ante el TC.

Desde el PC también han señalado que el proyecto podría vulnerar el principio de probidad al beneficiar económicamente a autoridades con participación en empresas y, finalmente, varios parlamentarios han alertado sobre la inclusión de una cláusula de invariabilidad tributaria de 25 años, lo que califican como inconstitucional.

Cabe señalar que los requerimientos ante el TC pueden presentarse en cualquier momento durante la tramitación del proyecto, y una vez ingresados, el organismo tiene hasta 20 días para pronunciarse.