El Gobierno de José Antonio Kast alista por estos días el proyecto de ley “Entornos Digitales Seguros”, el que busca restringir el uso de redes sociales en menores de 16 años. Y aunque la iniciativa aún no ha sido ingresada el Congreso para su discusión, el Ejecutivo espera lograr el respaldo de partidos de todos los colores políticos para su aprobación.
Así lo señaló la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien explicó que el proyecto está siendo discutido con actores políticos de todos los sectores, asunto por el cual “tendrá aprobación transversal en el Congreso“, aseguró.
“Queremos que los niños crezcan en entornos seguros, donde puedan desarrollarse sin riesgos ni vulneraciones, y uno de esos entornos es hoy especialmente el digital. Al respecto, decir que ya existe bastante evidencia internacional sobre los nocivos efectos que tiene el uso no controlado de Internet y las redes sociales en los niños y también los adolescentes", afirmó la autoridad, según consignó T13.
Cabe recordar que desde marzo de este año, en Chile rige la prohibición del uso de celulares al interior de los colegios, a fin de lograr que los estudiantes no pierdan su concentración y el contacto con sus compañeros en las salas de clases y el recreo.
La ministra Wulf afirmó de paso que la ley no pretende coartar las libertades individuales de los niños, sino que protegerlos del ciberacoso y las “malas influencias”.
La experiencia australiana
En diciembre de 2025, Australia implementó una ley pionera que prohíbe el acceso a redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X, entre otras) a menores de 16 años para proteger su salud mental.
Una vez puesto en marcha, el ejemplo australiano fue replicado en países como Francia, Noruega, Turquía y España. Eso sí, servicios como YouTube Kids, WhatsApp, Google Classroom o juegos en línea como Roblox generalmente no están sujetos a esta prohibición.
La ley indica que las plataformas deben bloquear a menores bajo riesgo de multas de hasta USD 34,4 millones, y la carga de la verificación de edad -mediante sistemas basados en IA (escaneo facial) o documentos de identificación-, recae en las empresas tecnológicas y no en los usuarios, quienes no serán multados por intentar saltarse la norma.
Y aunque el gobierno australiano justificó la norma debido el aumento de acoso, algoritmos adictivos y problemas psicológicos, algunos adolescentes han iniciado acciones legales alegando que la medida limita la libertad de expresión y comunicación, mientras otros ya aprendieron a burlar la regulación utilizando VPNs, herramienta de seguridad que crea una especie de “tunel” entre un dispositivo e internet, ocultando la dirección PI real y encriptando datos.
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