Rodrigo Paz apunta a una reforma electoral: “Se cierra un ciclo de este estilo de democracia”

Los tres últimos procesos electorales de Bolivia se desarrollaron en un laberinto de tecnicismos legales que, aunque aparados en la normativa electoral, generaron incertidumbre sobre las candidaturas y la transparencia del sistema electoral.

Decisiones como la inhabilitación tardía de candidatos, la suspensión de personerías jurídicas o la judicialización de algunos procesos pusieron en la mira la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante las elecciones judiciales de 2024, las elecciones generales de octubre pasado y las autonómicas que culminaron este domingo con la realización de cinco balotajes para elegir gobernadores departamentales.

En ese marco, el presidente Rodrigo Paz anunció ayer que convocará a los vocales del TSE para encarar reformas en la ley electoral. “Tenemos que hacer mejoras en la democracia, hacer mejoras en la normativa. Yo creo que ya se cierra un ciclo de este estilo de democracia”, manifestó el primer mandatario ante los medios locales y agregó que “ha sido un proceso muy intenso”.

Uno de los casos recientes más polémicos fue la inhabilitación del candidato Mario Cossío para la Gobernación de Tarija, a quien se vetó por supuestas contradicciones en la certificación de su residencia tras haber estado refugiado en Paraguay desde el año 2010. La decisión contrasta con la asumida en relación al candidato a gobernador de La Paz, Luis Revilla, que tampoco radicó los últimos años en el país, pero pudo participar en la elección.

Adicionalmente, Revilla —aliado del presidente Paz— será proclamado gobernador tras la inédita renuncia al balotaje del partido opositor debido a desacuerdos internos con su candidato. Revilla ganó la elección con el 20% de los votos —lejos del 50% necesario para vencer en primera vuelta— y debía disputar el balotaje con René Yahuasi, que obtuvo poco más del 9%.

Aunque todas estas decisiones están amparadas en las normas electorales, generaron cuestionamientos sobre la legitimidad del sistema electoral. En medio de reclamos por la victoria “en mesa” de Revilla, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, admitió que la normativa boliviana es “poco democrática”, pero que mientras esté en vigencia no hay otra alternativa que su cumplimiento.

“Nosotros como autoridades tenemos que cumplir con la ley. Esta ley no es democrática porque hemos visto inhabilitaciones de candidatos a última hora, presentación de demandas a última hora o gente que quiere ser habilitada 72 horas antes”, afirmó en una entrevista con Infobae. “Ojalá que este haya sido el último proceso electoral en el que se utilice esta ley”, añadió Ávila al anunciar que se está trabajando en una reforma integral de las leyes electorales que fueron promulgadas durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Para la analista política Verónica Rocha el caso de la Gobernación de La Paz abrió un debate sobre la legalidad frente a la legitimidad de las acciones electorales y puso sobre la mesa la discusión los mecanismos de democracia interna de los partidos.

“El proceso deja un resultado con cuestionamientos de origen, en medio de una innecesaria y enrarecida judicialización, a falta de certidumbre”, escribió Rocha en un artículo de opinión publicado en el periódico La Razón. “No todo puede atribuirse a las falencias de la norma, en el empedrado camino hacia la consolidación democrática, importa tanto la calidad de las reglas como la forma en que estas se aplican”, agregó.

Tras la renovación de todo el sistema político y judicial, quedan cinco años para corregir los vacíos y ambigüedades legales, en un escenario donde la confianza institucional está en entredicho.