
En los últimos 20 años, Paraguay ha experimentado una transformación profunda en materia de pobreza. Según el Banco Mundial, la proporción de personas en situación de pobreza pasó de más del 50% a apenas un 16% en 2025. Este cambio significa que un tercio de la población ha salido de la pobreza en dos décadas, incluyendo 300.000 personas que dejaron de ser pobres solo en los últimos dos años.
Un progreso de tal magnitud no es fruto del azar. El informe atribuye el éxito paraguayo a políticas públicas que priorizaron la productividad y la generación de empleo. El país logró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 5% anual, situándose entre los más altos de América Latina. En 2025, el motor principal de la reducción de la pobreza fue el incremento de los ingresos laborales, con los mayores beneficios en los sectores de menores ingresos. La creación de empleos más estables y mejor remunerados, junto con el aumento sostenido de la productividad, han sido elementos centrales del avance.
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El caso de Paraguay demuestra que, cuando los gobiernos enfocan sus esfuerzos en impulsar la productividad y crear condiciones para el empleo, la reducción de la pobreza puede ser rápida y sostenida. El crecimiento económico ha ido acompañado de políticas específicas para incluir a la población en una economía más productiva, favoreciendo la expansión del empleo y los ingresos.
El informe identifica tres pilares en los que se ha basado este progreso: la mejora de la infraestructura, la actualización del marco regulatorio y el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores. La ampliación del suministro eléctrico, especialmente a partir de la energía hidroeléctrica de las represas de Itaipú y Yacyretá, ha permitido una ventaja de costos significativa para la industria nacional y ha atraído inversión en manufactura e industrias verdes. Asimismo, la mejora del transporte y la conectividad digital han facilitado la integración de empresas y personas en cadenas de valor más sofisticadas.
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En el ámbito regulatorio, Paraguay implementó una ley que automatizó el registro de pequeñas y medianas empresas e introdujo contratos laborales flexibles, disminuyendo así el costo de la formalización. Además, el régimen de maquila fue modernizado, extendiendo los incentivos a la manufactura por veinte años y abriendo el modelo a los servicios. Estas reformas han reducido los riesgos y aumentado la certidumbre para el sector privado, incentivando la inversión y la contratación.
El impulso a la inversión privada también ha sido decisivo. Una nueva Ley de Inversiones, un marco actualizado de asociaciones público-privadas y un régimen de mercado de capitales modernizado ayudaron al país a obtener dos calificaciones de grado de inversión en dieciocho meses, un logro sin precedentes en la región. Todo ello fue posible gracias a una gestión fiscal sólida, respaldada por la Ley de Responsabilidad Fiscal, y a la estabilidad macroeconómica, considerada esencial para atraer inversiones a largo plazo.
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En paralelo, los programas sociales han fortalecido las capacidades humanas. El programa Hambre Cero proporciona alimentación diaria a más de un millón de niños en escuelas públicas, con un impacto notable en zonas rurales donde la pobreza es más profunda. Además, el programa se abastece de productos locales, lo que vincula la nutrición infantil con el desarrollo económico de las comunidades. La eficiencia del programa se garantiza a través de un sistema administrativo en tiempo real que monitorea cada etapa, desde la planificación hasta la entrega de las comidas.
No obstante, el informe del Banco Mundial señala que persisten brechas regionales. Departamentos como Caaguazú, Caazapá y San Pedro mantienen tasas de pobreza superiores al promedio nacional. Para enfrentar este desafío, Paraguay y el Banco Mundial elaboraron el primer mapa de pobreza en más de veinte años, cubriendo los 263 distritos del país. Esta herramienta permite focalizar mejor las inversiones y los programas sociales, guiando las políticas hacia las áreas con mayores necesidades.
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La experiencia paraguaya, según el Banco Mundial, se basa en una combinación de infraestructura adecuada, un entorno regulatorio favorable, apoyo al sector privado y políticas macroeconómicas estables. Este enfoque integral ha sido determinante para que más personas cuenten con las condiciones necesarias para salir de la pobreza y desarrollar su potencial.
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