
Ecuador cerró el primer trimestre de 2026 con 1.857 asesinatos, una cifra que, aunque representa una disminución frente al mismo periodo de 2025, confirma la persistencia de niveles elevados de violencia en el país en un contexto marcado por la disputa entre organizaciones criminales, la adaptación de las economías ilícitas y los límites de la respuesta estatal.
Según cifras publicadas por Ecuavisa, con base en datos de la Policía Nacional hasta el 22 de marzo, entre el 1 de enero y esa fecha se registraron 1.857 muertes violentas a escala nacional. Esto implica un promedio diario de 24,1 homicidios, apenas por debajo del promedio de 25,5 reportado en 2025, cuando el país alcanzó el año más violento de su historia reciente.
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La reducción interanual es visible en términos absolutos: en el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 2.407 asesinatos, es decir, 550 más que en el mismo periodo de 2026. Sin embargo, el descenso no es considerado estructural por analistas y especialistas en seguridad, citados por el medio local, quienes advierten que los niveles actuales siguen siendo comparables —e incluso superiores— a los registrados en años críticos previos, como 2023, cuando ya se hablaba de una crisis de violencia sin precedentes.

El comportamiento territorial de la violencia sigue concentrándose en zonas específicas. La provincia de Guayas continúa siendo el principal epicentro, con más de 800 asesinatos en el trimestre. Solo en la denominada zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, se registraron 674 muertes violentas.
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A nivel estructural, el 97,18 % de los asesinatos registrados en marzo fueron catalogados como resultado de violencia criminal. La mayoría de estos hechos se concentran en horarios nocturnos y de madrugada, lo que ha sido uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar medidas de restricción de movilidad, aunque su efectividad sigue siendo debatida.
El más reciente informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) confirma que 2025 marcó el punto más alto de violencia letal en la historia reciente del país, con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes. Este volumen equivale a un promedio de 25 muertes diarias, es decir, aproximadamente una víctima por hora, lo que sitúa a Ecuador en niveles críticos dentro del contexto regional.
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El análisis territorial del OECO muestra una reconfiguración de la geografía del crimen, con una concentración persistente en el litoral, pero con desplazamientos relevantes hacia nuevos nodos. Provincias como Guayas siguen acumulando el mayor número de homicidios, pero Los Ríos –también en la Costa ecuatoriana– emerge como el territorio más violento en términos de tasa, alcanzando 130,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, el 72% de los asesinatos se registró en zonas estratégicas para el narcotráfico —Guayas, Manabí y El Oro—, mientras que la expansión de economías ilícitas como la minería ilegal ha incrementado la violencia en provincias amazónicas como Orellana. Esta distribución confirma que la violencia está directamente asociada a corredores logísticos del crimen organizado y a disputas por control territorial.
El informe también advierte sobre cambios cualitativos en la violencia, particularmente el aumento de la letalidad y la vulnerabilidad de las víctimas. El 88% de los homicidios se cometieron con armas de fuego.
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A nivel demográfico, los jóvenes entre 15 y 29 años concentran el 46% de las víctimas, mientras que la situación de niños, niñas y adolescentes ha pasado de ser una alerta a una crisis: los homicidios en este grupo crecieron 45,5% entre 2024 y 2025, y el 96% de estos casos está vinculado a violencia criminal. Este patrón refleja, según el informe, no solo una mayor exposición de poblaciones vulnerables, sino también la profundización de dinámicas de reclutamiento y uso de menores por parte de estructuras delictivas.
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