Campaña de Abelardo de la Espriella pidió intervención de la Procuraduría por presunto uso del Gobierno Petro como comando de Iván Cepeda

El movimiento Defensores de la Patria, que respalda la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, pidió el miércoles 3 de junio la intervención de la Procuraduría General de la Nación, y alertó a las diferentes misiones internacionales de observación electoral, frente a lo que consideraría un uso del Gobierno de Gustavo Petro con fines proselitistas en la segunda vuelta presidencial en favor del senador del Pacto Histórico y candidato Iván Cepeda Castro.

La organización política en la que De la Espriella ha cimentado su aspiración, que lo llevó a sacar un 43,74% de los votos, sostuvo que ministros, altos funcionarios, medios institucionales y capacidades del Estado habrían dejado de actuar con neutralidad frente a Cepeda y estarían volcados en su respaldo con miras a la segunda vuelta, prevista para el domingo 21 de junio: cuando se conozca el sucesor de Petro en el cargo, con miras al periodo 2026-2030.

En su misiva, la colectividad reclamó una respuesta sobre la conducta del Ejecutivo y pidió vigilancia especial de la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter, el International Republican Institute y Transparencia Electoral. Así pues, la colectividad afirmó que el presidente no solo identificó públicamente a uno de los candidatos en disputa, sino que además convocó una alianza para derrotarlo e, incluso, habló de sumar tres millones de votos adicionales.

Este reclamo se produce en un contexto en el que ya existen medidas y expedientes abiertos sobre funcionarios del Gobierno por presunta participación indebida en política. La Procuraduría suspendió provisionalmente el 2 de junio a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo (Ungrd), y a Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, mientras que la embajadora en Haití Vilma Rocío Velásquez, sigue apartada hasta el final de la segunda vuelta.

Pese a estas actuaciones, Defensores de la Patria señaló que la controversia no se limita a declaraciones aisladas, pues el movimiento vinculó su denuncia con pronunciamientos de ministros, con debates sobre el uso del sistema de medios públicos, a través de la estatal Inravisión, y con alertas por una eventual utilización de herramientas con capacidad de incidir en el proceso electoral en favor del oficialista Cepeda, pertenecientes al Ejecutivo.

Defensores de la Patria pidió acciones contra funcionarios del Gobierno que participen en política

En la comunicación, la organización formuló un interrogante que buscaría clarificar la labor al interior del Gobierno. “Exigimos una respuesta clara: ¿los ministros y altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro están cumpliendo sus funciones constitucionales o están actuando como integrantes del comando político de Iván Cepeda?”, se cuestionó la colectividad, frente a las situaciones al parecer anómalas que se estarían registrando en este proceso.

La preocupación, reseñó, “no surge de un hecho aislado”, pues la discusión también involucra al propio Petro, al que el Ministerio Público no puede suspenderlo de forma directa, al no tener competencia, pese a que existen al menos 10 quejas formales que ya fueron remitidas a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el órgano competente para procesar al jefe de Estado según la Constitución Política.

La Procuraduría expresó que Carrillo fue suspendido por declaraciones en medios en defensa de actuaciones del presidente frente a la campaña, y que Saade recibió la misma medida tras publicar mensajes en redes sociales en los que pedía renuncias para favorecer estrategias políticas. Mientras tanto, Armando Benedetti, ministro del Interior, está bajo investigación por videos y declaraciones públicas sobre un “frente amplio petrista” para reelegir el proyecto político.

En la mira del organismo de control disciplinario también aparecen María Fernanda Rojas, ministra de Transporte; Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, y el exviceministro de las TIC Andrés López Cabezas, que renunció en medio de controversias por mensajes enviados a simpatizantes de Cepeda. Frente a estos casos y otros que puedan registrarse, Defensores de la Patria informó que pidió a esos organismos “mantener especial vigilancia sobre estos hechos”.

“El Estado no puede convertirse en maquinaria electoral. Los ministros no pueden actuar como activistas de una candidatura. Los recursos públicos, los medios institucionales y las capacidades del Gobierno pertenecen a todos los colombianos, no a una campaña presidencial”, puntualizó la agrupación, que también expresó que “la segunda vuelta debe desarrollarse con reglas claras, equilibrio institucional y garantías reales para ambas candidaturas”.