Ecuador y Colombia abrieron un canal diplomático para frenar la escalada de aranceles

Ecuador y Colombia comenzaron a explorar una salida diplomática para contener la escalada comercial desencadenada por la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de imponer una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, anunciada para entrar en vigencia el 1 de febrero. En Bogotá, la Cancillería colombiana formalizó su rechazo mediante una nota verbal y planteó instalar una mesa binacional de alto nivel en frontera, mientras que la Cancillería ecuatoriana dejó abierta la posibilidad de una cita, pero en una fecha distinta aún no confirmada.

De acuerdo con la nota diplomática colombiana fechada en Bogotá el 21 de enero de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo que la medida ecuatoriana es unilateral y “contraria” al marco normativo de la Comunidad Andina (CAN).

En ese documento, Colombia recordó que ambos países, según su postura, mantienen una cooperación “estrecha e histórica” contra el crimen organizado y mencionó acciones adoptadas en el marco del Plan de Acción Resolutivo asociado a decisiones andinas, como argumento para desvirtuar la justificación de seguridad esgrimida por Quito. La cancillería colombiana advirtió además que un gravamen de esa naturaleza resultaría incompatible con obligaciones asumidas en los mecanismos de integración regional y con el principio de libre comercio intracomunitario que rige en la CAN.

En ese mismo intercambio formal, Colombia propuso “adelantar una reunión, a nivel ministerial”, entre los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de ambos países el domingo 25 de enero, en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, con hora y lugar por confirmar. El objetivo explícito, según la nota, sería alcanzar una “resolución amistosa” y evitar que se consoliden represalias comerciales.

La búsqueda de una reunión ocurre en paralelo a una rápida escalada. Colombia anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador y, posteriormente, adelantó la imposición de un arancel del 30% a un grupo de productos ecuatorianos como respuesta a la decisión de Quito. En la frontera, el anuncio de gravámenes bilaterales desató una carrera logística para movilizar mercancías antes de la fecha de entrada en vigor, con congestión en los pasos fronterizos y mayores costos de transporte, según crónicas desde la zona.

En este escenario, la Comunidad Andina intervino con un llamado público a la contención. En un comunicado del Secretario General de la CAN, Gonzalo Gutiérrez Reinel, fechado en Lima el 22 de enero de 2026 (captura adjunta), el organismo informó que remitió comunicaciones a los presidentes de ambos países solicitando la postergación de las medidas anunciadas y ofreciendo su apoyo para un “diálogo estrecho” que permita tramitar las preocupaciones de las dos partes, subrayando la integración regional como eje para proteger el bienestar de los ciudadanos andinos. Medios ecuatorianos también reportaron este pedido de postergación y la disposición del bloque para facilitar el acercamiento.

Aunque Colombia planteó una fecha concreta para el encuentro en Ipiales, la respuesta ecuatoriana no se alineó inmediatamente con ese calendario. Desde Davos, la Canciller, Gabriela Sommerfeld, indicó que la reunión podría concretarse más bien la semana subsiguiente a la fecha propuesta por Bogotá.

Lo que ocurra en los próximos días será determinante para dos frentes: el comercial, por el impacto directo en cadenas de suministro, transporte y precios; y el político-diplomático, por el precedente que podría sentar una disputa arancelaria entre socios de la CAN. Con la propuesta colombiana ya formulada por vía diplomática y con la CAN solicitando formalmente postergar medidas, el siguiente movimiento dependerá de si Quito confirma fecha, delegación y agenda, y de si ambos gobiernos aceptan algún mecanismo transitorio que evite nuevas represalias mientras se instala la mesa binacional para sortear el impasse.