El CNE de Honduras advirtió que el decreto legislativo que ordenó un nuevo recuento de votos carece de base legal

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró nulo el decreto legislativo que ordena un nuevo escrutinio de votos de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado 30 de noviembre. El organismo sostuvo que la iniciativa carece de respaldo legal y constitucional, por lo que no puede ejecutar acciones que contradigan la firmeza de la declaratoria oficial de resultados.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, señaló que la institución está “jurídicamente imposibilitada” de abrir procesos de recuento una vez proclamados los ganadores. Subrayó que ninguna norma constitucional o legal faculta al CNE para reabrir escrutinios tras la declaratoria oficial ni para ejecutar instrucciones legislativas que afecten actos electorales definitivos.

“No existe disposición constitucional ni legal que faculte al CNE para reabrir procesos de conteo una vez emitida la declaratoria oficial, ni a ejecutar instrucciones posteriores de naturaleza legislativa, que incidan sobre actos electorales firmes y definitivos”, subrayó Hall.

Además, Hall afirmó que la autonomía e independencia del CNE le impiden acatar órdenes del Poder Legislativo en asuntos ya resueltos y expresó que cualquier impugnación debe ser canalizada únicamente ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La controversia se originó el 9 de enero, cuando diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) aprobaron un decreto que ordenaba contar todos los votos emitidos. Esta medida, avalada por la presidenta Xiomara Castro y publicada en La Gaceta, se dictó pese a la existencia previa de la declaratoria oficial que proclamó como vencedor a Nasry “Tito” Asfura.

Según el CNE, el decreto presenta un “vicio constitucional insubsanable” porque, por su alcance, equivale a una reforma de la Ley Electoral, la cual solo puede modificarse con el voto favorable de una mayoría calificada de dos tercios del Congreso Nacional, tal como establece la Constitución de Honduras. El organismo reiteró que esta nulidad le impide ejecutar la solicitud del Parlamento sin incurrir en una violación del orden constitucional.

“Debe dejarse constancia de que el Decreto No. 58-2025 adolece de un vicio constitucional insubsanable, al tener un alcance material equivalente a una reforma de la Ley Electoral, por pretender alterar el régimen jurídico del escrutinio y la firmeza de la declaratoria electoral, sin haber sido aprobado con la mayoría calificada de 2/3 del total de los miembros del CN, exigida por la Constitución“, defendió la jefa del poder electoral hondureño.

El presidente del Parlamento, Luis Redondo, impulsor del proyecto, advirtió que si el CNE no hace el recuento “voto por voto”, el Parlamento tomaría la iniciativa. Redondo defendió la facultad del Legislativo de intervenir, a pesar de la autonomía constitucional que el CNE mantiene de manera expresa.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Honduras respaldaron la declaratoria oficial sobre los resultados de las elecciones del 30 de noviembre y reforzaron la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional, donde permanece el material electoral. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, declaró que la institución actúa conforme a la Constitución de la República y actualmente acompaña el proceso bajo el TJE.

Con la ampliación del resguardo militar, más de 600 efectivos vigilan el Centro Logístico Electoral. La labor castrense, estipulada en el artículo 272 de la Constitución, es garantizar la protección y traslado del material electoral, con un desempeño apolítico y obediente al marco institucional.

La presidenta Castro concluirá su mandato el 27 de enero, fecha en la que Asfura asumirá la presidencia tras la declaratoria oficial. Cualquier recurso legal pendiente debe resolverse ante el TJE, único órgano autorizado para tramitar impugnaciones electorales, conforme a la legislación hondureña.

El mando militar reafirmó que la transición se desenvuelve bajo estricto respeto a las normas constitucionales y que no han recibido órdenes que comprometan la neutralidad institucional, consolidando así la autonomía y legalidad del proceso presidencial.

(Con información de EFE)