Amnistía Internacional reclamó este lunes la “libertad inmediata” de todas las personas encarceladas por motivos políticos en Cuba, al cumplirse un año del proceso de excarcelaciones anunciadas por la dictadura caribeña, que según datos oficiales benefició a 553 personas. La ONG sostuvo que la iniciativa no garantizó derechos fundamentales ni supuso un cambio real en la política represiva del Estado.
En un comunicado, la organización señaló que las excarcelaciones estuvieron marcadas por la opacidad, la falta de información pública y la ausencia de criterios claros, además de la imposición de condiciones consideradas arbitrarias. Según Amnistía, estas prácticas tuvieron un impacto psicológico severo en las personas liberadas y en sus familias, al quedar sujetas a amenazas de reencarcelamiento o a restricciones que limitan el ejercicio de libertades básicas.
El proceso se enmarcó en un acuerdo entre La Habana y Washington alcanzado en los últimos días de la Administración de Joe Biden, con mediación del Vaticano. Distintas organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Cuba, cuestionaron desde el inicio la medida y advirtieron que una parte significativa de los beneficiados no eran presos por motivos políticos, sino reclusos comunes.
Amnistía Internacional subrayó además que algunas personas excarceladas durante 2025 fueron forzadas al exilio y que otras regresaron a prisión, lo que, a su juicio, evidencia la persistencia de prácticas autoritarias y la inexistencia de garantías para ejercer derechos sin temor a represalias. Entre los casos mencionados figura el del opositor José Daniel Ferrer, que terminó exiliado en Estados Unidos tras volver a ser encarcelado, y el del disidente Félix Navarro, cuya excarcelación fue anulada por un tribunal y que continúa detenido.
La directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, afirmó que las autoridades cubanas tienen la obligación de garantizar la libertad plena e incondicional de todas las personas presas de conciencia. En ese grupo mencionó a Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo Pérez —conocido como Maykel Osorbo— y Luis Manuel Otero Alcántara, figuras emblemáticas del activismo y la disidencia en la isla.
El pronunciamiento de Amnistía coincidió con un llamado público del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la mayor plataforma opositora del país, que instó a la unidad de la disidencia y de la ciudadanía para lograr una amnistía general durante 2026. El CTDC planteó la necesidad de un “pacto nacional por la libertad y la reconciliación” y defendió la amnistía como el punto de partida para una apertura democrática.
En su declaración, la plataforma sostuvo que el principal desafío no es solo la naturaleza del sistema político vigente, sino la capacidad de articular una alternativa cohesionada y operativa. Con ese objetivo, propuso la creación de un foro de acción orientado a consensuar un instrumento jurídico de amnistía y despenalización del disenso, así como a presentar un frente común ante organismos multilaterales.
Según el último informe mensual de Prisoners Defenders, con sede en Madrid, Cuba cerró 2025 con 1.197 personas encarceladas por motivos políticos, una cifra que refuerza las críticas de Amnistía Internacional sobre la insuficiencia del proceso de excarcelaciones anunciado por el Gobierno.
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