Tras ser extraditado desde Argentina, el narcotraficante Luis Fernández Albín fue imputado en Uruguay por narcotráfico, lavado de activos y contrabando, y enviado a prisión preventiva. Las condiciones de reclusión en las que se encuentra fueron motivos de queja por parte del acusado: señaló que sufre un aislamiento prolongado innecesario, tortura psicológica y amenazas de parte de los policías que lo tratan a diario.
Para reclamar por su situación, Fernández Albín presentó un recurso de habeas corpus contra el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el que gestiona las cárceles y se estableció una negociación entre ellos. Y esta semana, el Ministerio del Interior mostró cómo es el lugar en el que está recluido el imputado.
En un comunicado, el gobierno informó que las condiciones de reclusión de Fernández Albín se establecieron “según el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento, aplicable a personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública”.
Las evaluaciones que hicieron las autoridades sobre Fernández Albín concluyeron que su perfil es de “alto riesgo” y eso motiva que necesite “medidas especiales de reclusión”.
Los controles de seguridad que hay en la cárcel incluye la videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento –entre otros dispositivos–, doble cerca y dobles muros perimetrales.
Para establecer este sistema, las autoridades tuvieron en cuenta las pericias que el Instituto Técnico Forense hizo sobre Fernández Albín, que constataron que no tiene riesgos ni problemas de salud mental. “Se realiza con pleno respeto a los derechos humanos, garantizando el acceso a los derechos básicos conforme a la normativa nacional e internacional vigente”, dice el informe publicado por el Ministerio del Interior.
“El Ministerio del interior reafirma que el cumplimiento de las condiciones aplicadas a personas privadas de libertad con este perfil delictivo forma parte de una estrategia focalizada orientada al combate al crimen organizado, con el objetivo de neutralizar su accionar tanto fuera como dentro de los centros de reclusión”, finaliza el texto de esta secretaría de Estado.
La publicación de este comunicado, junto a las imágenes y los videos, se da luego de la batalla judicial que procuró la defensa de Fernández Albín para lograr un cambio en las condiciones de reclusión.
En un recurso de habeas corpus –informado semanas atrás por el diario El País– que había presentado Fernández Albín mostraba cómo vivía sus primeros días en la cárcel. Allí denunció que existe una “vulneración de los derechos constitucionales derivados de la dignidad humana”, como lo son la integridad, la seguridad, la salud, la vida y la familia. Además, los defensores del narcotraficante señalaron que se está configurando una “situación de agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención”.
“Carece de fundamento lógico y criminológico, dado que el Sr. Fernández Albín no es un recluso primario ni desconocido para el sistema”, plantean los abogados en otro tramo del recurso presentado. Se refieren a que su cliente tiene un historial de 16 años en el sistema penitenciario y que no tuvo “faltas graves ni por problemas de relacionamiento”.
Este recurso había sido retirado momentáneamente por la defensa, pero ahora se volverá a presentar, informó este diario uruguayo.
Además, también cuestionan el “aislamiento material y comunicacional” que tiene el imputado. Fernández Albín en la cárcel no puede tener visitas familiares ni recibir encomiendas con alimentos que complementan una alimentación que ellos definen como “insuficiente e inadecuada”.
Para el Ministerio del Interior de Uruguay, el imputado no es un delincuente más. Un episodio particular con Fernández Albín se dio en la previa de la Navidad. Ese día, una persona llegó al lugar en el que está recluido con un paquete que le quería entregar. Adentro había un pomo de pasta de dientes, que en su interior contenía marihuana. Este caso actualmente está siendo investigado por la Fiscalía.
La incautación de dos toneladas de droga fue lo que le permitió a las autoridades encontrar la mayor evidencia para pedir a Argentina formalmente su arresto. Fue en una precaria chacra que los policías encontraron debajo de la arena casi dos toneladas de cocaína dispuestos para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.
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