
La extradición del narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina a Uruguay requirió un intenso operativo policial. Al día siguiente de su llegada, debió comparecer ante la Justicia, que definió imputarlo por contrabando, lavado de activos y narcotráfico. Mientras avanza la investigación, el acusado está en prisión preventiva en una cárcel cuyas condiciones no lo conforman: asegura que allí sufre “tortura psicológica”.
Según informó este martes el diario El País, Fernández Albín presentó a través de sus abogados un recurso de habeas corpus en el que cuestiona las condiciones de su reclusión. En el escrito aseguró que está sufriendo un aislamiento prolongado innecesario, además de una tortura psicológica y amenazas por parte de los policías que lo tratan a diario.
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En el recurso presentado, que se utiliza para reclamar por las condiciones de reclusión, relata que todavía está recluido en el Centro de Diagnóstico y Derivación de la Cárcel Central, en el centro de Montevideo. En ese lugar se debe estudiar el perfil de los presos para luego enviarlos a la cárcel más adecuada para ellos.

El escrito, citado por ese diario uruguayo, denuncia que existe una “vulneración de los derechos constitucionales derivados de la dignidad humana”, como lo son la integridad, la seguridad, la salud, la vida y la familia. Además, los defensores del narcotraficante señalan que se está configurando una “situación de agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención”.
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“Carece de fundamento lógico y criminológico, dado que el Sr. Fernández Albín no es un recluso primario ni desconocido para el sistema”, plantean los abogados en otro tramo del recurso presentado. Se refieren a que su cliente tiene un historial de 16 años en el sistema penitenciario y que no tuvo “faltas graves ni por problemas de relacionamiento”.
Además, también cuestionan el “aislamiento material y comunicacional” que tiene el imputado. Fernández Albín en la cárcel no puede tener visitas familiares ni recibir encomiendas con alimentos que complementan una alimentación que ellos definen como “insuficiente e inadecuada”.
Fernández Albín, por último, denuncia que es objeto de amenazas por parte de policías que le advirtieron que ante cualquier reacción iban a atentar contra su integridad. En el escrito presentado advierte por una “intimidación ilegítima y tortura psicológica”.
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La defensa pretende que el acusado sea trasladado a una cárcel en la que se le asegure la convivencia con sus pares.
Pero, ¿qué dicen en el Ministerio del Interior? Según la respuesta informada por El País, esta secretaría de Estado respondió que está contemplado que los delincuentes que reúnen las características de Fernández Albín pueden ser recluidos en el lugar en el que actualmente está el narcotraficante.
El ministerio realizó un análisis del perfil de riesgo de Fernández Albín, que confirmó que reúne esas características y aseguró que se están respetando sus “derechos humanos”. “No se trata de un delincuente más”, fue la respuesta que dieron en la secretaría de Estado. También defendieron que el imputado recibe la misma alimentación que el resto de los presos. Además, sus abogados pudieron visitarlo al menos tres veces.
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Un episodio particular con Fernández Albín se dio en la previa de la Navidad. Ese día, una persona llegó al lugar en el que está recluido con un paquete que le quería entregar. Adentro había un pomo de pasta de dientes, que en su interior contenía marihuana.
La incautación de dos toneladas de droga fue lo que le permitió a las autoridades encontrar la mayor evidencia para pedir a Argentina formalmente su arresto. Fue en una precaria chacra que los policías encontraron debajo de la arena casi dos toneladas de cocaína dispuestos para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.
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