Bloqueos y protestas paralizan Bolivia en medio del rechazo a las reformas económicas

Bolivia continúa enfrentando bloqueos masivos en carreteras y rutas estratégicas mientras el gobierno del presidente Rodrigo Paz busca avanzar con un paquete de reformas económicas considerado crucial para la recuperación del país.

Este jueves, la estatal Administración Boliviana de Carreteras reportó 32 puntos de corte, varios en arterias clave para el transporte y el comercio, que han aislado ciudades como La Paz y paralizado el flujo hacia regiones productivas y fronteras de exportación.

El origen de las protestas es el decreto promulgado en diciembre que puso fin a dos décadas de subsidios a los combustibles, duplicando los precios de la gasolina y el diésel. La medida, parte de un cambio de rumbo tras años de políticas socialistas, busca “sincerar la economía” y evitar el agotamiento de las reservas internacionales.

“La gente está totalmente de acuerdo con la eliminación de la subvención a los combustibles, pues es la única forma que tenemos de sincerar la economía”, afirmó la viceministra Andrea Barrientos, defendiendo la reforma como necesaria para la estabilidad futura del país.

Sin embargo, la reacción de sindicatos, organizaciones campesinas, maestros y centrales obreras ha sido inmediata. Los bloqueos, que comenzaron el martes, han crecido y ahora afectan 32 rutas en todo el territorio nacional. Los manifestantes demandan la derogación del decreto, argumentando que la liberalización de precios y la apertura a inversiones extranjeras perjudican a los sectores populares y pueden alentar la privatización de empresas estatales.

El gobierno, por su parte, recalca que la eliminación del subsidio ha permitido normalizar el abastecimiento y reducir las largas filas que durante meses afectaron a la población y a la producción agrícola y de transporte.

El presidente Rodrigo Paz, que llegó al poder tras una etapa prolongada de gobiernos de izquierda, enfrenta ahora su primer gran desafío en la calle. Su equipo insiste en que el diálogo con la Central Obrera Boliviana y otros sectores sigue abierto y que están dispuestos a ajustar aspectos formales del decreto, aunque la esencia de la reforma permanece.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, declaró que el objetivo es “reconducir” la economía tras el “descalabro” heredado, pero aclaró que la derogación del decreto está descartada. El viceministro de Coordinación Julio Linares detalló que cerca de 40 artículos serán revisados, mientras que el núcleo de la política económica se mantendrá intacto.

El clima social sigue tenso, especialmente en las ciudades y regiones más afectadas por el encarecimiento del combustible. Las amas de casa han salido a bloquear calles con envases de gas licuado ante la escasez, aunque el gobierno asegura que no ha habido aumentos de precio y atribuye la falta de producto a un pico de demanda y al contrabando hacia países vecinos.

A pesar del impacto económico de los bloqueos —con pérdidas en el sector privado y cientos de vehículos varados—, el gobierno de Paz mantiene la línea de que las reformas son indispensables para afrontar la inflación, que en diciembre superó el 20% interanual.

El decreto también permite la aprobación expedita de inversiones estratégicas en minería, hidrocarburos y litio, lo que el Ejecutivo considera clave para atraer capital y generar crecimiento, aunque los sindicatos objetan que los contratos deben pasar por la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo no tiene mayoría.

El Ejecutivo reitera su disposición al diálogo y a “perfeccionar” la norma, pero advierte que no dará marcha atrás en el cambio de modelo económico. En este contexto, los bloqueos, que afectan la vida cotidiana y la economía nacional, se han convertido en el principal obstáculo para la implementación de las reformas, mientras el gobierno insiste en que el país no puede seguir retrocediendo por la presión de quienes recurren a cortes de ruta y parálisis como método de protesta.

(Con información de AFP y The Associated Press)