El ex presidente de Ecuador Lenín Moreno cuestionó a la Corte Constitucional y respaldó a Jamil Mahuad tras la desestimación de su recurso

El expresidente Lenín Moreno intervino en el debate público sobre el caso de Jamil Mahuad con un mensaje que reavivó las tensiones políticas alrededor de las decisiones recientes de la Corte Constitucional (CC). A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta de X, Moreno manifestó su apoyo al exmandatario y expresó inquietud por la forma en que se resolvió la acción extraordinaria de protección presentada por Mahuad, cuyo recurso fue rechazado por el máximo tribunal, manteniéndose firme la sentencia de ocho años de prisión por peculado relacionada con el feriado bancario de 1999.

Moreno abrió su declaración con una expresión de solidaridad directa y sin matices. Para él, el trámite que siguió la Corte Constitucional no solo dejó inquietudes procesales, sino que también proyectó señales de falta de apertura. El exmandatario cuestionó que Mahuad no hubiese sido escuchado en audiencia y que sus solicitudes no hayan recibido respuesta formal. Desde su perspectiva, esta ausencia de contraste de argumentos crea un escenario que puede interpretarse como un debilitamiento de la confianza ciudadana en la corrección institucional de los procedimientos.

El expresidente también dirigió su preocupación hacia la forma en que la Corte organizó su agenda interna. A su juicio, que una resolución de este alcance haya sido tratada en una sesión donde el caso no figuraba como punto previsto incrementa la percepción de que la decisión se adoptó en un marco de urgencia o bajo presiones políticas. En su mensaje, Moreno señaló que este tipo de actuaciones podría interpretarse como una reacción motivada por cálculos institucionales antes que por el deber de garantizar derechos constitucionales.

La sentencia de la Corte Constitucional, emitida el 11 de diciembre, concluyó que no se vulneró el derecho al debido proceso en el fallo que ratificó la responsabilidad penal de Mahuad. En su análisis, el tribunal sostuvo que la autoridad judicial encargada de resolver la casación expuso los fundamentos normativos y justificó la relación entre éstos y los hechos investigados. Con eso, descartó que hubiera deficiencias en la motivación de la sentencia, lo que cerró la posibilidad de una revisión constitucional.

Este desenlace marcó el fin de un trámite que había sido reactivado semanas antes, cuando un juez constitucional ordenó recopilar información actualizada de la Corte Nacional de Justicia. El objetivo era evaluar si los argumentos de la defensa ameritaban convocar a una audiencia pública antes de tomar una decisión. Sin embargo, el análisis no avanzó hacia esa etapa: el tribunal consideró que la sentencia impugnada no vulneraba garantías y procedió a desestimar el recurso.

La posición de Moreno introduce un matiz político a un expediente que, por años, ha transitado principalmente por el ámbito jurídico. El respaldo a Mahuad —quien vive fuera del país desde hace más de dos décadas y cuya condena se mantiene en firme— ocurre en un momento en el que la independencia de los órganos de justicia se encuentra bajo escrutinio público. Las declaraciones del exmandatario no se refieren al fondo penal del proceso, sino a la metodología con la que la Corte manejó este último recurso, señalando que la transparencia en la deliberación es tan relevante como el contenido mismo de las resoluciones.

A pesar de que la intervención de Moreno no modifica el estado judicial del expresidente, sí influye en la discusión pública sobre el funcionamiento del sistema constitucional. Su crítica se suma a un ambiente político donde algunos sectores han manifestado inquietudes sobre la forma en que la Corte administra causas sensibles.

El caso de Mahuad continúa siendo uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país, no solo por sus implicaciones económicas y sociales, sino también por su prolongada tramitación judicial. La confirmación de la sentencia y la conclusión del recurso constitucional no cierran las interpretaciones políticas que se desprenden del proceso.