
La senadora panista Lilly Téllez acusó públicamente a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, de presuntamente participar en un esquema de desvío de recursos públicos por 65 millones de pesos mediante un contrato otorgado a una empresa supuestamente vinculada con familiares de la funcionaria.
Durante una conferencia de prensa, la legisladora afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades relacionadas con la asignación de un contrato realizado en diciembre de 2024.
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Según explicó, el convenio habría sido otorgado a la empresa JVLY, la cual —aseguró— se encontraba en proceso de desaparición fiscal y no tenía posibilidad de emitir facturas válidas.
Lilly Téllez denuncia a Guadalupe Taddei.
Téllez sostuvo que el Instituto Nacional Electoral “se ha convertido en un botín” para un grupo cercano a la presidenta del organismo electoral y afirmó que los recursos presuntamente fueron utilizados para el pago de bonos a funcionarios del instituto.
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El contrato de 65 millones y las acusaciones contra JVLY
De acuerdo con la versión presentada por la senadora, el contrato fue adjudicado bajo el argumento de adquirir material para simulacros relacionados con la elección judicial.
Sin embargo, aseguró que existieron inconsistencias documentales y presuntas anomalías administrativas que habrían permitido a la ASF detectar el caso.
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La legisladora afirmó que detrás de la empresa JVLY estarían hijos de Guadalupe Taddei y señaló como presuntos prestanombres a Fernando Fernández y Arcelia José Nateras.

También acusó que la operación habría beneficiado a integrantes cercanos de la estructura administrativa del INE.
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Entre los señalamientos, Téllez aseguró que:
- El contrato se asignó en medio de un supuesto proceso de desaparición fiscal de la empresa.
- La ASF habría detectado documentos con irregularidades y errores administrativos.
- Parte del dinero presuntamente se destinó al pago de bonos para altos funcionarios del instituto.
- El caso formaría parte de una red de presuntos favores políticos y contratos irregulares.
La senadora exigió que las autoridades investiguen a los funcionarios involucrados y advirtió que continuará presentando denuncias públicas sobre el tema.
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El contexto político detrás de las acusaciones
Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE en 2023 tras un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el organismo electoral nacional.

Desde entonces, distintos actores políticos de oposición han cuestionado presuntos vínculos entre Taddei y figuras de Morena, particularmente con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
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En ese contexto, diversas versiones periodísticas y denuncias políticas han señalado la existencia de una supuesta red de favores, contratos y nombramientos entre funcionarios ligados al gobierno sonorense y áreas estratégicas del INE.
Entre los nombres mencionados en las acusaciones aparecen familiares y colaboradores cercanos tanto de Taddei como de Durazo, además de exfuncionarios administrativos del instituto señalados por presuntas irregularidades detectadas en auditorías.
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Señalamientos sobre contratos y presuntas redes de poder
Las acusaciones difundidas por Lilly Téllez retoman versiones sobre supuestas prácticas de nepotismo, contratos amañados y designaciones internas dentro del organismo electoral.

También se mencionan presuntas irregularidades relacionadas con áreas de administración, tecnología y finanzas del INE.
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De acuerdo con estas denuncias, algunas empresas habrían obtenido contratos vinculados con servicios, seguros, préstamos de nómina y proyectos tecnológicos.
Asimismo, se asegura que la ASF detectó anomalías financieras y administrativas derivadas de diversas operaciones realizadas durante 2024 y 2025.
No obstante, hasta el momento no existe una resolución judicial pública que confirme las acusaciones hechas por la legisladora panista ni se han presentado cargos formales contra la consejera presidenta del INE.
INE guarda silencio ante los señalamientos

Hasta ahora, ni el Instituto Nacional Electoral ni Guadalupe Taddei han emitido una postura pública oficial sobre las acusaciones realizadas por la senadora del PAN.
Mientras tanto, el caso ha generado nuevas tensiones entre la oposición y Morena en medio del debate sobre la autonomía del organismo electoral y el manejo de recursos públicos dentro de una de las instituciones más relevantes para la democracia mexicana.
La polémica también ocurre en un contexto político marcado por cuestionamientos sobre transparencia, fiscalización y presuntos conflictos de interés dentro de organismos públicos federales.
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