La corrupción, dicen, no tiene color político. Este martes, José Luis Yáñez Maldonado (ex UDI), exalcalde de Algarrobo, y Juan Ramón Godoy Muñoz (ex PS), exedil de Rancagua, fueron hallados culpables de sendos delitos de malversación municipal y se encuentran en prisión preventiva, a la espera de su sentencia en enero del año próximo.
En el primer caso, el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio (115 kms al oeste de Santiago), acreditó a Yáñez como autor de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos por $1.163 millones (USD 1,280 millones), al transferir dichos fondos municipales entre el 24 de marzo de 2022 y el 7 de noviembre de 2023 a cuentas de terceros, incluyendo a su entonces pareja (la extesorera municipal Belén Carrasco) y su excuñado, también funcionario del municipio.
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Con ese dinero, el exedil adquirió criptomonedas, terrenos en Estados Unidos a nombre de ambos testaferros y todos disfrutaron de varios viajes de lujo.
Una de las querellantes y también testigo en la causa, la exconcejala Marcela Mansilla, celebró la condena.
“Era lo justo, lo necesario para la tranquilidad de la comunidad algarrobina y para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Yo esperaría que ellos nunca más vuelvan a la política, que, efectivamente, como sanción accesoria a las penas que se le vayan a indicar, ellos estén inhabilitados para ejercer cargos públicos y de elección popular de manera perpetua”, señaló.
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La Fiscalía pide una pena de 20 años de cárcel para Yáñez y su expareja, y 12 para el excuñado, Sixto Carrasco, mientras que la lectura de sentencia será el jueves 8 de enero de 2026.
Fraude al Fisco y lavado de activos
De igual forma, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua (85 kms al sur de Santiago), declaró culpable de manera unánime al exjefe comunal de esa ciudad, Juan Ramón Godoy Muñoz, por delitos de cohecho agravado, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos, ocurridos entre los años 2021 y 2023.
Según el fallo, Godoy llevó a cabo una “gobernanza fraudulenta”, favoreciendo a cambio de dinero a empresarios mediante tratos directos irregulares -los llamados “proveedores VIP“-, pagando por obras no ejecutadas y omitiendo multas a dichas empresas.
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De acuerdo al Ministerio Público, el desfalco municipal asciende a los $2.300 millones (USD 2,540 millones).
Junto a Godoy, quien fue designado Intendente de la Región de O´Higgins en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y removido por ésta en 2016 tras una mala evaluación, también fueron condenados Diego David Rodríguez Cajas -gerente de una empresa de gestión de residuos-, y Óscar Martínez Catalán, empresario gastronómico, ambos por el delito de soborno.
La sentencia se dará a conocer en una audiencia fijada para el próximo 9 de enero.
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