
El expresidente de Birmania, Win Myint, fue liberado como parte de una amplia amnistía que incluyó a más de 4.500 presos, una medida anunciada por el nuevo presidente Min Aung Hlaing durante la celebración del Año Nuevo birmano.
La excarcelación se produjo tras más de tres años de detención, luego de su arresto el 1 de febrero de 2021, cuando los militares tomaron el poder y depusieron al gobierno encabezado por la Liga Nacional para la Democracia (NLD), liderada por Aung San Suu Kyi.
Win Myint, aliado de Suu Kyi y presidente desde 2018, fue condenado a 12 años de prisión por varios delitos tras el golpe militar; su pena se redujo en 2023 a ocho años.

Hasta el momento de la amnistía, permanecía en la prisión de Taungoo, en la región de Bago. La liberación fue confirmada por medios estatales birmanos y ratificada por fuentes cercanas a la NLD. Según el decreto presidencial, en caso de reincidencia los liberados deberán cumplir el resto de sus condenas originales además de cualquier nueva pena.
La amnistía también benefició a la cineasta y periodista Shin Daewe, condenada a cadena perpetua en virtud de la ley antiterrorista a principios de 2024.
En total, la medida incluyó a 4.335 ciudadanos birmanos y 179 extranjeros, quienes, tras su liberación, serán deportados conforme a lo dispuesto por las autoridades.
Al mismo tiempo, la situación de la exlíder y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, permanece incierta pese a las especulaciones sobre un posible traslado a arresto domiciliario. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado su paradero ni ofrecido detalles sobre su estado.
Su abogado, U Min Sein, indicó que la situación de la exmandataria sigue siendo un “secreto del Gobierno” y que solo accede a información publicada por medios afines al régimen militar.
La condena de Suu Kyi, de 80 años, fue reducida en una sexta parte, pasando de 27 a aproximadamente 22 años de prisión como parte de la misma amnistía. La Nobel de la Paz no ha sido vista en público desde diciembre de 2022 y su entorno familiar y legal continúa sin tener acceso directo a ella.

La liberación de Win Myint y la reducción de la pena de Suu Kyi responden a una estrategia habitual del régimen birmano, que concede amnistías en fechas señaladas como el Año Nuevo o el Día de la Independencia.

Estas medidas afectan a miles de presos, aunque la inclusión de figuras políticas de alto perfil es poco frecuente. De acuerdo con asociaciones de derechos humanos, desde el golpe de Estado de 2021 más de 22.000 personas han sido arrestadas por motivos políticos y cerca de 8.000 han muerto en el contexto de la represión militar.

El anuncio de la amnistía se realizó una semana después de que Min Aung Hlaing jurara como presidente, tras elecciones celebradas entre diciembre y enero bajo un clima de represión y sin la participación de la oposición.
Organizaciones de derechos humanos y críticos del régimen calificaron estos comicios como una “farsa” destinada a legitimar el control militar bajo apariencia de transición política.
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su “alivio” por la liberación de Win Myint y otros detenidos considerados arbitrarios, y reclamó la excarcelación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas injustamente, incluida Suu Kyi.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó la necesidad de implementar esfuerzos concretos para lograr la liberación de todos los detenidos arbitrariamente y crear condiciones para un proceso político creíble, basado en el cese de la violencia y el diálogo inclusivo.
La amnistía incluyó además la conmutación de penas de muerte por cadena perpetua y la reducción de las condenas inferiores a 40 años en una sexta parte, según fuentes oficiales.
El presidente presentó la medida como un gesto dirigido a la reconciliación social, la justicia y la paz, con la intención de favorecer el desarrollo general del país.
El golpe de Estado de febrero de 2021 puso fin a una década de transición democrática en Birmania y desencadenó una ola de violencia y represión que persiste hasta la actualidad.

El ejército justificó la toma del poder alegando fraude en las elecciones de noviembre de 2020, en las que la NLD resultó vencedora con el aval de observadores internacionales.

Tras la asonada, Win Myint y Aung San Suu Kyi fueron arrestados y condenados por cargos que sus aliados consideran fabricados con fines políticos.
Win Myint, quien asumió la presidencia en 2018 y desempeñó un papel institucional según la constitución vigente, mantuvo lazos estrechos con Suu Kyi, que ejercía el liderazgo de facto del gobierno como consejera de Estado.

(Con información de EFE, Reuters, AP y Europa Press)
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