El 4 de diciembre recién pasado, la estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, Paloma Ulloa Arancibia (19 años), murió en el cerro Playa Ancha de esa ciudad mientras cruzaba debidamente un paso peatonal, luego de ser atropellada por un conductor de un bus de pasajeros que quedó en prisión preventiva al dar positivo en el test de marihuana y cocaína.
El trágico hecho conmocionó a la comunidad estudiantil, pues aún estaba fresco el recuerdo del estudiante del Liceo Eduardo de la Barra, Mauro Alberto Gómez (14 años), quien falleció al ser impactado por un bus del recorrido 702 en el cerro Cordillera de Valparaíso en mayo del año pasado, cuyo chofer también conducía bajo la influencia de estupefacientes.
Ambos casos se suman a decenas de otros similares ocurrido a lo largo del país en los últimos años, razón por la cual un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que establece controles preventivos a conductores del transporte remunerado de pasajeros, y endurece las penas a quienes protagonicen siniestros con resultado de muerte estando al volante.
Dicha iniciativa, conocida como “Ley Alberto”, fue aprobada en general este jueves en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, y podrá recibir indicaciones hasta el 2 de enero antes de pasar al Senado.
El proyecto fusiona dos mociones: una impulsada por el diputado Luis Cuello que obliga a las empresas de transporte de pasajeros a realizar test de alcohol y drogas a diario, y otra de su par, Carolina Marzán, que propone controles semestrales con severas sanciones para las empresas que no los realicen.
Además, contempla la aplicación de prisión preventiva para aquellos conductores que, bajo la influencia del alcohol o drogas, protagonicen accidentes de tránsito con resultado de muerte.
De acuerdo a Marzán, “los accidentes ocurridos este año han sido tremendamente dolorosos e impactantes y es urgente avanzar en narco test y alcohol test a los choferes”.
Por su parte, Luz Infante, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), detalló en la sesión que este tipo de accidentes aumentaron de 34 en 2020 a 100 en 2024, a la vez que los fallecidos subieron de 6 a 26 los mismos cuatro años.
Cabe destacar que el Gobierno otorgó suma urgencia a esta iniciativa a principios de diciembre a fin de agilizar su despacho al Senado, por lo que una vez que la “Ley Alberto” sea aprobada, la misma comisión se abocará a discutir otro proyecto presentado por la parlamentaria Flor Weisse, que va más allá y modifica la Ley de Tránsito, buscando decretar ipso facto la medida cautelar de prisión preventiva para aquellos conductores que provoquen lesiones graves o la muerte en un accidente.
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