La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, endureció este miércoles su discurso frente a la crisis postelectoral al denunciar la gestación de un “golpe electoral” y exhortó a la Policía Nacional a “cerrar el paso” a cualquier intento de ruptura del orden constitucional. La advertencia se produjo cuando aún no se conocen los resultados oficiales de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre y el oficialismo aparece en clara desventaja.
Durante una ceremonia de ascensos policiales en Tegucigalpa, Castro afirmó que el país enfrenta una amenaza “grave” contra su soberanía y aseguró que existen informes de inteligencia “verificados” que alertan sobre una agresión al orden democrático. Según la mandataria, esa supuesta intervención habría alterado “fuertemente” los resultados electorales.
El señalamiento se produce en un contexto de alta tensión institucional. Con el 99,80% de las actas escrutadas, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, lidera el recuento con el 40,54% de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19%. La candidata del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con el 19,29% y no reconoce los datos difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Castro sostuvo que detrás de los resultados preliminares existe un “fraude monumental” en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), al que acusó de operar en alianza con el crimen organizado. En su discurso, responsabilizó directamente a la “clase dominante” y a la “descarada intervención extranjera del presidente Donald Trump”, quien respalda públicamente a Asfura, de intentar “reinstalar un narcoestado”.
Sin presentar pruebas públicas adicionales, la presidenta convocó a la ciudadanía a concentrarse pacíficamente en la capital en defensa de la “justicia” y la “voluntad popular”, en un llamado que eleva la presión sobre las fuerzas de seguridad en un momento especialmente delicado. “En Honduras no permitiremos ni golpes ni fraudes, nunca más”, afirmó.
El mensaje estuvo dirigido de forma explícita al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, y al jefe de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, a quienes Castro atribuyó un “papel histórico” en la protección del derecho a la protesta y en la preservación del orden constitucional. La apelación a la Policía se produce mientras persisten dudas sobre el rol que deben asumir las fuerzas de seguridad en un escenario de impugnación abierta de los resultados.
En paralelo, la mandataria anunció que este jueves designará al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, un movimiento seguido de cerca en un país marcado por el recuerdo del golpe de Estado de 2009. El actual jefe militar, el general Roosevelt Hernández, buscó desactivar los temores al declarar el martes que “aquí no va a haber ningún golpe”.
El retraso en la proclamación de resultados oficiales, casi tres semanas después de la votación, ha alimentado la incertidumbre política y el cruce de acusaciones entre los distintos actores. Mientras la oposición conservadora exige que se respete el escrutinio, el oficialismo denuncia una conspiración interna y externa sin que hasta ahora se hayan difundido informes técnicos independientes que respalden esas denuncias.
El mandato de Xiomara Castro concluirá el 27 de enero de 2026, según establece la Constitución. A poco más de un año de ese horizonte, la crisis electoral amenaza con profundizar la polarización política y tensionar aún más la relación entre el Ejecutivo, los organismos electorales y las fuerzas de seguridad, en un país donde la estabilidad institucional sigue siendo frágil.
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